Mi columna en Expansión de esta semana se titula “El gobierno y la neutralidad de la red“, al hilo lógicamente del documento remitido a la Comisión Europea como respuesta a la consulta realizada por ésta. El artículo es muy corto, así que me extenderé más aquí, que no me condiciona el espacio del papel, que en la propia columna.
Mi opinión es que el documento se queda claramente corto a la hora de marcar la postura en uno de los extremos: si entendemos a las operadoras como el canal entre los usuarios y los productores de contenidos – lógicamente teniendo en cuenta que todo usuario puede, a su vez, jugar el doble papel de ser usuario y productor de contenidos, – la situación en el extremo del usuario parece perfectamente aceptable. Lógico es que las operadoras puedan hacer cuantas ofertas quieran con distintos tipos de precios, esquemas, velocidades, garantías y características. El mercado se encargará de que cada usuario decida su inclinación a pagar y en virtud de qué variable lo hace, cuál le resulta más crítica en función de sus intereses, necesidades y asignación de prioridades al gasto. Es perfectamente razonable y saludable que exista un amplio abanico de ofertas y esquemas, y que los usuarios puedan optar entre todas ellas: tarifas planas, onduladas, por ancho de banda consumido, más rápidas, más lentas… En ese sentido, simplemente debemos exigir que el mercado funcione de manera eficiente – que no es poco. Pero en cualquier caso, centrar la crítica en este tema me parece, simplemente, no tener claro lo que es y significa realmente la neutralidad de la red.
El problema surge al otro lado, en el extremo de los proveedores de contenidos: en su pregunta nº 8, el documento prevé que puedan existir acuerdos entre proveedores de contenido y operadoras para priorizar su tráfico o degradar el de otros. Concretamente, afirma que
… estos prestadores lleguen a acuerdos particulares con los operadores para obtener servicios adecuados a las características específicas de los productos que pretenden ofrecer, sin que quepa calificar a priori como ‘discriminación indebida’ la coexistencia de esta variedad de servicios y acuerdos.”
Y ahí ya sí que no podemos entrar. Inaceptable. Eso sí supone claramente una ruptura de la neutralidad de la red: a partir del momento en que los paquetes son discriminados en función de contenido, origen, destino o protocolo. Inaceptable, y no sol eso, sino que debe ser evitado por todos los medios, prohibido por ley, y establecido el adecuado marco tanto de sanciones como, fundamental, de medidas correctoras ágiles, operativas y eficientes.
Donde el gobierno falla estrepitosamente es cuando pone a las operadoras donde no se merecen: en una posición que les permitiría arbitrar y constituirse en “aduanas” por las que toda innovación tendría que pasar para acceder al mercado. Eso resulta potencial y efectivamente dañino para la innovación, para el desarrollo del mercado y para la naturaleza de la actividad, dado que automáticamente se incurriría en conflictos de agencia. Solo beneficia a las operadoras, mientras que es contrario a los intereses de los usuarios y del país en su conjunto dado que la innovación y los mercados eficientes son bazas fundamentales en la sostenibilidad de la economía de un país.
¿Qué debemos, por tanto, pedir al gobierno? Que en lugar de velar por los intereses de las operadoras, vele por los de los ciudadanos. Me da igual de qué industria provenga el Secretario de Estado: ahora ocupa un cargo público, y en la definición de su puesto debe estar precisamente eso. No sé… pero no debería ser tanto pedir. ¿Hay alguien al otro lado?
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