Una página de petición de firma para la Declaración 29, teóricamente diseñada para luchar contra la pornografía infantil, deja patente el nivel de manipulación ejercido sobre los parlamentarios europeos y las condiciones en las que se fragua – o “se cocina” – la legislación que termina aplicándose a todos los estados miembros: una dramática foto en blanco y negro de un niño con los ojos muy abiertos y mirada aterrorizada, que se desgarra en la parte de la boca, mientras un titular grande sobre fondo rojo exhorta a luchar contra la pornografía infantil, la pedofilia y el acoso sexual y una serie de vídeos en varios idiomas pretende poner de manifiesto lo terrible del fenómeno.
¿En el fondo? Una directiva para crear un sistema de detección temprana que permita nada menos que monitorizar y almacenar durante largos períodos de tiempo los datos de las búsquedas de todos los ciudadanos europeos, usando la pornografía infantil a modo de patética excusa, de bola de demolición contra los derechos fundamentales mas básicos. Es uno de los trucos más habituales de los liberticidas: el recurso a los miedos comunes, a los lugares comunes que toda persona de bien considera repugnante, para colar gracias a ello y sin discusión todo tipo de temas.
Lo peor del tema, además, es que no funciona. Los pedófilos peligrosos no utilizan motores de búsqueda convencionales para localizar los archivos que producen o que consumen. La pornografía infantil es, por supuesto, un problema grave, que afecta a inocentes y contra el que se debe luchar con toda la fuerza de la ley. Se debe localizar y perseguir sin piedad de ningún tipo a quienes crean ese tipo de materiales, a los que llevan a cabo esos repugnantes actos, a los que los suben a la red, a los que los almacenan y a los que los descargan. Para ello, todo esfuerzo vale la pena, incluidos los sistemas que recogen las denuncias de los ciudadanos y de la comunidad a través de conductos adecuados y que, como en tantos otros problemas en la red, han demostrado su efectividad de manera sobrada. No se puede minimizar la importancia del problema, ni permitir resquicios legales que posibiliten o resten importancia a dicho comportamiento. Pero nos pongamos como nos pongamos, la retención de datos no es la solución. La retención de datos únicamente consigue que se espíe a millones de ciudadanos inocentes, que se criminalice a toda la población y que se vulneren los derechos más básicos, mientras los verdaderos responsables de la pornografía infantil permanecen al margen del sistema mediante sistemas de cifrado y otro tipo de métodos. Convertir la red en un lugar en el que todos nuestros actos y nuestros clics son registrados y almacenados por la policía solo consigue que quienes de verdad quieren hacer algo malo, circulen por la red enmascarados.
En la red de hoy se puede perseguir el crimen. Se persigue dando medios tecnológicos y formación a la policía, creando grupos especiales para delitos telemáticos que muestran cada vez una aptitud mayor y que saben aplicar sentido común a sus acciones, facilitando la denuncia y sobre todo, con información, con mucha información. Si la red, debido a un nivel de presión absolutamente injustificado, se convierte en un lugar donde todos circulamos encapuchados como única manera de proteger nuestros derechos fundamentales, la persecución del crimen será mucho más compleja: no solo no habremos contribuido a la solución del problema, sino que lo habremos empeorado. Pero eso, a los oscuros intereses que se esconden detrás de esas propuestas, les da exactamente igual. En realidad, todo, menos lo suyo, les da exactamente igual. Detrás de la supuesta lucha contra la pornografía infantil y detrás de la Declaración 29 hay una serie de intereses que nada tienen que ver con los derechos de los niños ni con las aberraciones que se cometen en ese sentido. Cuando escuches a un político recurrir a la pornografía infantil para justificarlo todo, sospecha, sospecha mucho. La Declaración 29 debería, además de ser rechazada (precisa 369 apoyos y, por el momento, tiene 324), ser objeto de una concienzuda investigación que revele quiénes están realmente detrás de ella y qué pretenden, y la aplicación de las sanciones adecuadas para quienes pretenden manipular al Parlamento con semejantes argumentos.
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