Historias absurdas: la eliminación de la publicidad de TVE

Dos artículos interesante de sendos compañeros de piso en IE Business School me alertan de que, a pesar de tener una opinión al respecto, no había escrito nada sobre la decisión de eliminar la publicidad en TVE y financiar la misma mediante una tasa a los operadores de telecomunicaciones. Los artículos son “¿Se debería privatizar Televisión Española (TVE)?“, publicado por Rafael Pampillón en el Economy Weblog del IE, y “Privatizar la televisión pública“, de Víctor Torre de Silva, publicado en Expansión.

Ambos artículos aportan matices interesantes. Por un lado, los motivos para mantener televisiones públicas, tanto en el ámbito estatal como autonómico, son evidentes: el ánimo de contar con un instrumento para influir de modo directo en la opinión publica, y paticularmente en el voto de los ciudadanos. Por tanto, se están priorizando intereses de este tipo ante las que deberían ser las verdaderas motivaciones para mantener una televisión pública: ofrecer contenidos que, por su naturaleza, tenderían a tener una cobertura menor en las televisiones privadas. De ahí que nos encontremos con que la televisión pública, en realidad, se dedica a competir con las privadas por las audiencias siguiendo modelos similares , algo que éstas consideran competencia desleal. Este tipo de orientación en la televisión pública se da únicamente para favorecer el que tenga una gran audiencia, dado que solo en este caso sirve a los intereses de influencia sobre la opinión: si la televisión pública fuese minoritaria y orientada a aquello que las privadas no suelen recoger en su programación (cultura, teatro, documentales, etc.), su capacidad de influencia sería indudablemente muy escasa, como podemos comprobar en el caso de La 2. Defender, por tanto, la existencia de una televisión pública que desarrolla contenidos prácticamente idénticos a los de las privadas resulta conceptualmente muy difícil, ante lo cual la solución evidente es la privatización.

Por otro lado, la solución de obligar a las operadoras de telecomunicaciones a financiar una parte de lo que cuesta la televisión pública: un engendro absolutamente absurdo, que viola las más elementales leyes del mercado, contra el que la CMT emitió un dictamen en contra que ha sido ignorado, y que esconde un eufemismo ya revelado por las propias operadoras: en realidad, éstas repercutirán de manera íntegra la tasa del 0.9% en sus facturas a sus clientes (y lo harán, además, en color rojo para que no pase desapercibido), de manera que quienes realmente pagaremos la factura seremos, en realidad, los ciudadanos. Para las empresas de telecomunicaciones, el tema resulta completamente esperpéntico, porque no tienen absolutamente nada que ver con él: en nada les afecta que TVE tenga o no publicidad, y el hecho de destinar una parte de sus ingresos a mantenerla resulta completamente injustificable. Que un gobierno pretenda que sean los ciudadanos los que sostengan de manera directa el canal que éste emplea para manipular su opinión no deja de ser un alambique inexplicable: ¿qué hemos hecho los ciudadanos para que caiga sobre nuestras facturas de telecomunicaciones la responsabilidad de financiar TVE? ¿Es una manera de castigarnos porque cada vez nos conectamos más a Internet e lugar de ser pacíficos couch potatoes más fáciles de manipular?

Mal hace este gobierno en seguir el ejemplo francés. En Francia, las empresas de telecomunicaciones no solo se han negado a pagar, sino que han denunciado el intento de extorsión ante los tribunales europeos. El Estado debe renunciar a la manipulación informativa. Ni televisión pública, ni manejo turbio de la publicidad institucional, ni capciosas ayudas económicas con el fin de controlar el mensaje. Ese tipo de iniciativas de control informativo, que funcionaron en el siglo pasado y que algunos gobiernos pretenden seguir utilizando, resultan tan zafias y obvias en la sociedad actual que provocan verdadero rechazo. Dejémonos de historias alambicadas y absurdas: si se quiere financiar con impuestos un canal público de verdad, orientado a recoger lo que no tiene cabida en las privadas, adelante. Pero financiar con un impuesto indirecto recaudado por las empresas de telecomunicaciones una televisión más, con una oferta de programación similar a las muchas que hay en el ámbito privado, y destinada a la manipulación informativa al servicio del gobierno de turno… no gracias.

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