Las consecuencias de la decisión del Constitucional francés

La reciente respuesta del Tribunal Constitucional francés al intento de Nicolas Sarkozy de proteger el modelo de negocio de sus amigos a cambio de vulnerar los derechos fundamentales de todo el mundo está teniendo ya sus primeras consecuencias, y éstas no son nada con respecto a las que puede llegar a tener. La decisión del alto tribunal francés, pese a ser de ámbito exclusivamente aplicable en el país vecino, hace referencia ni más ni menos que a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, preámbulo de la Constitución Francesa, pero aceptada, como su nombre indica, de manera universal por todos los países supuestamente civilizados.

La primera cuestión que en nuestro país se ha visto claramente influenciada por la negativa francesa a la ley HADOPI ha sido la tomada por Redtel, el consorcio formado por Telefonica, Vodafone, Ono y Orange, que ha afirmado que “no volverá a negociar con la industria cultural un plan anti descargas” y que también se niega a “aplicar medidas tecnológicas como la reducción de velocidad”. Una decisión que supone un vuelco importante para esa Coalición de Intermediarios Neoluditas que se creen Creadores, identificados ya con quienes están dispuestos a pasar por encima de los derechos humanos más básicos para defender su fuente de negocio, y para un Francisco Ros cada día más desacreditado como interlocutor por su patente parcialidad, supeditación a intereses corporativos, y desconexión total de la realidad de los usuarios de Internet: el mismo Francisco Ros que en su momento llegó nada menos que a amenazar con retirar una ley en medio de su tramitación si se introducían en ella provisiones para intentar salvaguardar la neutralidad de la red, y que ahora intentaba abocar a la industria de los contenidos a una negociación con las operadoras en contra de los intereses de los usuarios. No, Sr. Ros… los usuarios no somos el último de los intereses a salvaguardar. Somos - o cuando menos, deberíamos ser - el primero de todos ellos, porque se supone que somos quienes decidimos quién y con qué agenda se van a regir nuestros destinos. Hay que ver cómo son las cosas: un día se encuentra usted defendiendo a muerte el negocio de las operadoras como si fuesen éstas quienes siguiesen pagando su sueldo, otro día sostiene a ultranza el a todas luces insostenible modelo de negocio de la industria de los contenidos… y al tercero, de repente, está usted frontalmente en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como si fuese un dictadorzuelo cualquiera en una triste república bananera. Las vueltas que da la vida…

El otro asunto que sin duda traerá mucha cola en el futuro es la constatación de que el libre acceso a los servicios públicos de comunicación en la red es un derecho fundamental expresado en la Declaración de los Derechos Humanos. Nada que el tiempo y  el imparable avance de la tecnología no nos fuese a traer - cada día, a medida que más y más servicios de todo tipo se despliegan en la red, resulta más obvio e inevitable que restringir el acceso de la población a la red resulta una discriminación insostenible - pero sin duda algo que viene muy bien tener puesto por escrito. Y algo que, además, tendrá gran influencia a la hora de definir lo que son servicios que deben ser ofrecidos de manera universal a la población, en un momento, el de la próxima disponibilidad de determinadas bandas del espectro radioeléctrico merced al apagón analógico, en que habrá que tomar decisiones sobre quién y de qué manera va a gestionar los servicios que ahí se ofrezcan.

No, no será éste el último intento por recortar nuestras libertades más básicas en Internet. Pero al menos, tras la sentencia del Tribunal Constitucional francés, sabremos que quien lo intente, se estará poniendo en contra de la mismísima Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que no está nada mal.

(Enlace a la entrada original - Licencia)