La privacidad como moneda de cambio

Una oferta de conectividad mediante fibra óptica de AT&T en Austin (Texas) abre una muy interesante polémica por sus condiciones de precio: el servicio, una conexión de 300 Gbps. que será actualizada al mismo precio a 1 Gbps. tras un período de despliegue inicial, tiene un precio estándar de $99/mes, pero ofrece un descenso a los $70/mes si el cliente acepta participar en un programa llamado “AT&T Internet Preferences”: aceptar que la compañía pueda utilizar la información del usuario (qué páginas visita, qué términos de búsqueda introduce, etc.) para tratar de administrarle publicidad adecuadamente segmentada.

La primera reflexión es clara: de manera efectiva, la oferta de AT&T pone el precio a la privacidad de un usuario en unos $350 anuales. ¿Es esa cantidad adecuada? ¿Existe un número suficientemente significativo de usuarios con inclinación a permitir que una compañía inspeccione todo lo que hacen en la red – con la excepción de las conexiones https – a cambio de $350 al año? ¿Cómo funciona, en medio de esa época post-Snowden que nos ha llevado a saber que nuestra información está siendo registrada por las agencias de inteligencia gubernamentales de medio mundo, esa dinámica? ¿Nos volvemos más recelosos e intentamos proteger todo lo posible nuestra privacidad, o por el contrario, pensamos que ya toda resistencia es fútil, y al menos debemos intentar que nos paguen algo por ella?

Pero la oferta de AT&T abre, en realidad, una serie de asuntos más importantes con respecto a la privacidad de los usuarios: ¿hasta qué punto la privacidad de los usuarios se ha convertido en una moneda de cambio de uso habitual, y quién o quiénes están sacando partido de ello? Google, sin ir más lejos, lleva ya un cierto tiempo convirtiendo en anónimas todas las búsquedas de sus usuarios, algo que elimina la posibilidad de todo aquel que tiene una página de saber qué términos estaban buscando los usuarios que llegaron hasta ella. El movimiento de adopción de https por defecto para el cifrado de todas las búsquedas, se inició hace ya bastante tiempo – primero como opt-in, después presuntamente como respuesta al espionaje de la NSA – y convierte a la compañía en la única que posee datos sobre las búsquedas de sus usuarios. ¿Un sistema de protección, o la obtención de una información con la que comerciar?

¿Cómo pretende AT&T obtener datos de las búsquedas de sus usuarios, si el motor de búsqueda más extendido cifra esa información? ¿Cómo reaccionará si el usuario que acepta esos términos y condiciones decide, por ejemplo, cifrar su navegación mediante una red privada virtual?¿Y cómo va a explotar la información que supuestamente obtenga, si afirma que no va a sustituir los anuncios de las páginas que visitemos? ¿Pretende AT&T convertirse en una reedición del modelo de Google, y ofrecer a los anunciantes o a los soportes la cualificación de sus campañas a través de los datos que obtengan? ¿Qué acuerdos hay detrás de lo que los usuarios firman, que supuestamente permiten a AT&T obtener y explotar adecuadamente esos datos? La diferencia con respecto al modelo de Google es clara, pero afín: mientras Google “remunera” al usuario con el uso gratuito de sus productos, AT&T lo hace mediante una rebaja en los precios de los mismos. Mientras en el primer caso los usuarios tienen que elucubrar acerca del valor que adscriben al uso de los productos de la compañía y valorar si dicho uso compensa la cesión de sus datos, en el segundo caso la etiqueta de precio tiene directamente un número puesto en ella. ¿Cuál de los dos escenarios es más justo o transparente con el usuario?

En torno a la privacidad del usuario estamos viendo una gran cantidad de movimientos sospechosos. Cuando la mayor parte de los usuarios instalan apps en sus smartphones, se han acostumbrado a aprobar los permisos en bloque, sin siquiera leerlos ni fijarse en ellos, lo que permite a muchas apps obtener datos del usuario que no resultarían en principio necesarios para su funcionamiento. ¿Por qué la nueva versión de Android, Kit Kat, sale al mercado con un modo que permite a los usuarios tomar decisiones individualizadas sobre los permisos que dan a cada app, pero pasa a decir, en cuanto el tema se empieza a comentar mínimamente, que fue un error derivado de un modo de desarrollo, y retorna a la situación anterior? ¿Qué lleva a Google a hurtar a los usuarios un modo de instalación que podría protegerlos mucho más de aquellas apps que solicitan privilegios que no son estrictamente necesarios para su funcionamiento?

¿Cuánto vale la privacidad de un usuario? ¿Cuánto de ese valor puede o debe ser capturado por un tercero, y en qué condiciones? ¿Pueden desarrollarse auténticos emporios económicos en torno a la explotación de datos que no son ni fueron en ningún momento propiedad de las compañías, sino que tienen a sus usuarios como legítimos dueños?

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