Me piden varias personas en los comentarios que escriba acerca de la reunión con Leire Pajín de algunas de las personas que estuvieron en la redacción del manifiesto y en la primera reunión con Ángeles González-Sinde en el Ministerio de Cultura. Mi inclinación a escribir sobre una reunión en la que no estuve es más bien escasa, pero sí creo que puedo contribuir a aclarar algunas de las cuestiones que surgen a nivel general y en el hilo de comentarios. Esta entrada será larga: con algunas cosas no quiero abreviar ni arriesgarme a que se me queden temas en el tintero.
La reunión partió de los contactos con el PSOE de algunas de las personas de ese grupo original que se reunió con la Ministra. Se había intentado mantener reuniones con el PSOE desde aquellos primeros días de diciembre, cuando se mantuvieron también conversaciones con otras formaciones del arco parlamentario, pero la respuesta del partido había sido el aplazamiento. Tiene todo el sentido del mundo reunirse con quien sea, pero al menos desde mi punto de vista, es muy distinto reunirse con partidos a los que se intenta dar razones para oponerse a la Disposición Final Primera, que hacerlo con el partido responsable de que dicha Disposición Final Primera esté ahí. En cualquier caso, mi postura personal ha sido la de reunirme siempre con aquel que me llame. La convocatoria del PSOE era hacia el grupo de personas que estuvimos en aquella primera reunión en el Ministerio de Cultura, aunque lógicamente condicionada a la disponibilidad de agenda de cada uno.
Al plantearse la reunión, y ante la evidencia de que no nos llamaban para comunicarnos la retirada de la Disposición Final Primera, se planteó la posibilidad de que, pese a mantener la postura de exigir dicha retirada, fuese conveniente tener una lista de puntos a negociar, a modo de “mal menor”, de “plan de contingencia”. En este punto, mi posición personal entró en conflicto con la de otras personas convocadas: mientras varias personas empiezan a trabajar en esa lista de puntos, mi postura y la de algunas otras personas es la de la no negociación, la de que la única posibilidad es la retirada. Si bien me considero una persona abierta y que cree en la posibilidad del consenso, mi postura ante una Disposición final que entró en una ley donde no pinta nada a través de una puerta falsa, y que además es una estupidez que no sirve para nada es la de que no hay negociación posible, solo vale la retirada. Mi postura es clara y está expresada en lo que he escrito sobre ella, no ha variado un ápice por esta reunión. Por tanto, desde el primer momento dejé de participar en las conversaciones para la elaboración de esa lista de puntos negociables, aunque me mantuve a la escucha en el grupo que la redacta. Dada dicha posición, mi interés por formar parte del grupo que acuda a la reunión con el PSOE desaparece: una cosa es exponer una postura en un grupo, y otra muy distinta acudir a una reunión en la que uno claramente estorba.
A dicha falta de interés se une otro factor más: el PSOE pone como condición que en la reunión no haya retransmisión por Twitter. En este punto, vuelvo a entrar en desacuerdo con el grupo: tras haber mantenido reuniones con la Ministra, Izquierda Unida, Partido Popular, Coalición Canaria y Convergencia i Unió; todas ellas con Twitter utilizado como forma de transmitir total transparencia, la idea de reunirme con el PSOE prescindiendo de esa herramienta me apetecía muy poco. Previamente, el Partido Popular también había apuntado la posibilidad de una reunión sin Twitter (que no llegó a tener lugar), pero mi posición era la misma: podría llegar a prescindir de Twitter en una reunión por cuestiones operativas, pero ni acepto la imposición de hacerlo, ni mucho menos estoy dispuesto a reuniones “secretas”. Incluso en caso de que me pidiesen que no utilizase Twitter durante una reunión sobre este asunto, mi postura sería la de comunicar en Twitter todo lo previo a la misma hasta el momento de entrar, y todo lo referente a la misma en el momento de salir. En estos temas, en los que si participo lo hago para aportar ideas y argumentos que son susceptibles de afectara mucha gente, y donde como he dicho en mil ocasiones no represento a nadie, quiero transparencia total.
A mis sentimientos negativos con respecto a la reunión se unen además, en este caso, una imposibilidad de agenda, una cita que no podía en modo alguno cancelar. Era perfectamente claro, por tanto, que no iba a participar en la reunión. La lista de cuatro puntos a introducir en una posible negociación a los que el grupo llegó (repito que personalmente estoy en desacuerdo con los mismos y con cualquier posibilidad de negociación en este tema), abierta todavía a algunas puntualizaciones, fue la siguiente:
- Que el juez entre en el fondo del asunto y tenga el plazo necesario para ello. La modificación planteada por el Gobierno sobre el primer anteproyecto conocido añade la figura de un juez de la Audiencia Nacional, que tendrá que decidir en menos de cuatro días si el cierre de esa web supone una vulneración de algún derecho fundamental. Sin embargo, la decisión de cerrar seguirá en manos de la comisión, y no del juez, que no entrará en el fondo de la denuncia: si existe realmente una presunta vulneración de la propiedad intelectual que merezca un cierre cautelar antes del juicio. En nuestra opinión, la comisión sólo debería poder solicitar el cierre y tendría que ser el juez quien lo ordenase pero, para ello, un plazo de cuatro días es claramente insuficiente para que éste pueda conocer el asunto y valorar la eventual colisión de derechos, para que el administrado pueda articular una defensa frente a la resolución de la Comisión e incluso para que el fiscal pueda también conocer adecuadamente el caso. Creemos que el mero hecho de especializar a un juzgado de la Audiencia en estos asuntos permitirá una aceleración notable de los juicios, como pretende la reforma.
- Que se defina con mayor precisión qué webs se pueden cerrar y por qué infracciones. Con la redacción actual no queda claro si se trata de las infracciones de derechos de propiedad intelectual recogidas en la Ley de Propiedad Intelectual o es algo más genérico y, sobre todo, se habla de webs con “ánimo de lucro directo, indirecto o que pretendan causar daño patrimonial”. Dicha definición no existe en nuestro ordenamiento jurídico actual (sí existe el concepto de ánimo de lucro a secas, pero no distingue entre directo o indirecto), es extremadamente vaga y subjetiva y potencialmente alcanza a cualquier web, incluida la de un particular que haya enlazado un vídeo sacado de Youtube. ¿Qué significa “pretender causar daño patrimonial”? ¿Cómo se demuestra ese daño? La falta de claridad sobre cuáles son las conductas prohibidas vulnera frontalmente los principios de legalidad y de seguridad jurídica (art. 9.3. de la CE), y el principio de tipicidad de las normas sancionadoras (art. 25.1. de la CE), lo cual resulta especialmente preocupante, además, dada la gravedad de las consecuencias de la norma, que puede conducir a la interrupción de la actividad de prestadores de servicios de la sociedad de la información y a la retirada de contenidos.
- Que la composición de la comisión sea neutral y quede acotada por la ley, no por el reglamento. En la reunión que mantuvimos hace unos meses, la ministra González-Sinde nos explicó que en la comisión participarán representantes de las entidades de gestión. No parece justo porque serán, al mismo tiempo, juez y parte. Creemos que las líneas directrices sobre qué tipo de personas participarán en esa comisión deben de estar en la ley, no en el reglamento, y que debería dejar fuera a cualquier persona que tenga intereses directos en el sector de la industria cultural.
- Que exista alguna penalización para el demandante si la comisión cierra una web y un tribunal más tarde la reabre. Una demanda injusta en un tribunal no sale gratis: el juez puede ordenar al demandante el pago de las costas del procedimiento. Una petición de cierre de una web a través de esta nueva comisión tampoco puede salir gratis porque se genera un daño irreparable que después alguien tendría que reparar, en caso de que un tribunal finalmente decide reabrir esa web. Si no se detalla de alguna manera un mecanismo para ello en la ley, será la administración quien tenga que pagar la correspondiente indemnización por las demandas perdidas por la industria cultural.
Todo ello teniendo en cuenta que la lista de puntos tenía obviamente un “punto cero”: que sería mucho mejor no llevar a cabo la reforma, y directamente retirar una Disposición Final Primera que nunca debió llegar a la LES. En cualquier caso, mi posición personal siguió siendo la misma: aunque vi en primera fila la redacción de los cuatro puntos, no participé en ella, y mantuve mi disposición negativa a dicha negociación.
Tras estos planteamientos, tuvo lugar la reunión. Al salir de la misma, la primera impresión de alguno de los participantes, compartida en privado, fue positiva: abierta a la introducción de modificaciones, con idea de que había claramente dos bandos dentro del partido, uno de los cuales mantenía un espíritu más moderno y conciliador que quería recibir el input de la red. Aparte de este mensaje de uno de los participantes, no hubo más información acerca de la reunión. Sin embargo, lo siguiente fue el artículo de Ramón Muñoz en El País, una filtración malintencionada claramente destinada a proporcionar un aspecto “turbio” al tema, a deslegitimar a un grupo de asistentes que, no lo olvidemos, acudían únicamente a dar ideas, no a negociar en representación de nadie, y que contribuían con su tiempo y el de sus empresas para intentar influir en algo que nos beneficia a todos los usuarios de Internet. ¿De dónde provino la filtración? Sin poder asegurar nada, pero basándome en mi experiencia, pongo la mano en el fuego porque la filtración proviene del PSOE, seguramente del propio gabinete de Leire Pajín, o tal vez de alguna otra persona en el partido con interés en que la Disposición Final Primera no sea retirada ni modificada. Las filtraciones de este tipo son algo habitual en política, las he vivido en otras ocasiones afectándome a mí mismo, y me resulta mucho más fácil verlo así que intentar imaginarme a alguien de nuestro lado enviando el documento y dando cuenta de la reunión a Ramón Muñoz. Pero en este tema, no cuento con nada más que mis propias suposiciones y teorías.
La jugada de la filtración estaba destinada a varias cosas: por un lado, debilitar a los asistentes y ponerlos en una posición difícil ante la opinión pública. El hecho de que ninguno de los asistentes dijese nada en Twitter ni antes ni después de la reunión, ni escribiese sobre ello antes de que lo hiciese Ramón Muñoz favorece esa estrategia: en ningún momento se intentó mantener la reunión en secreto más allá de no twittear durante la misma, pero se ha conseguido que diese la impresión de que fue así, lo cual ha sido claramente un error. No de espíritu, pero sí de comunicación. Sinceramente creo que con estos temas hay que ser exquisito: personalmente, no participaré en reuniones con grupos políticos que pretendan restringir mis posibilidades y opciones de comunicación. No soy un político, no quiero serlo, creo y enseño en mis clases que la transparencia radical es el único juego posible para la política del futuro, y no veo nada que ganar en ninguna estrategia que no sea la de una plena y total transparencia.
Mis conclusiones en este sentido son claras: apoyo total a las personas que acudieron a la reunión con el PSOE pese a que no comparto en absoluto la idea de la negociación, y petición al PSOE de que, en aras de la transparencia, evite utilizar las tácticas habituales en “la política de siempre”: no están negociando con ningún partido ni asociación, están hablando con algunas personas que viven habitualmente en la red y tienen cosas interesantes que decir al respecto de ella. No son “representantes”, porque no ha habido – ni desde mi punto de vista es posible que haya – un proceso constituyente para que lo sean, ni tienen seguramente voluntad de serlo (al menos en mi caso, y creo no equivocarme en el caso de algunas otras personas que conozco en ese grupo). No se puede jugar a “desacreditar” o a “deslegitimar”, como ha pretendido hacer el PSOE, a ciudadanos individuales: a mí, la idea de que las personas que acudieron a esa reunión sigan acudiendo a reuniones similares a aportar su experiencia e ideas me sigue pareciendo igual de buena y adecuada que antes.
Y finalmente, un punto positivo en el hecho de que si el PSOE quería de verdad saber qué nos molestaba tanto de la Disposición Final Primera, ya lo sabe: esos cuatro puntos representan cuestiones claras y contundentes. Pero seguimos queriendo que la Disposición Final Primera salga de la Ley de Economía Sostenible: uno, porque no llegó ahí de la manera correcta. Dos, porque no va a servir para nada; y tres, porque evita la verdadera discusión sobre el futuro de la propiedad intelectual en la red, que es lo que verdaderamente es necesario discutir con profundidad, consenso, luz y taquígrafos. Mientras la Disposición Final Primera siga en la Ley de Economía Sostenible, no vamos a ningún sitio. Y los partidos que no exijan clara y decididamente su retirada, que no voten en su contra en el trámite parlamentario, se encontrarán en el futuro en las urnas con el rechazo de una red que no piensa olvidar ni perdonar.
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