Mi columna de esta semana en Expansión se titula “Justicia suprema“. Pretende dar cuenta de las tres denuncias ante el Tribunal Supremo que la ley Sinde-Wert ha recibido ya: la de la Asociación de Internautas, la de Red de Empresas de internet (REi) y la de la Asociación Española de la Economía Digital (adigital), y dejar claro que hablamos de asociaciones serias y genuinamente preocupadas por los gravísimos condicionantes e incertidumbre que la ley Sinde-Wert impone al desarrollo de la economía digital, que no solo redundarán en situaciones de abuso y profundamente negativas para quienes desarrollamos nuestra actividad en la red, sino que además lo hace sin servir a cambio de nada (o incluso para empeorar la situación).
Que una industria corrupta y desfasada condicione el desarrollo económico de todo internet es algo que carece de todo sentido común. Que se proporcione a esa industria una herramienta a medida para eliminar de la red o tratar de impedir el acceso a aquellas páginas que le resulten molestas es algo que, sencillamente, da escalofríos. Todos los casos de promulgación de leyes y listas destinadas a impedir el acceso a contenidos en la red han servido históricamente para que se produjeran abusos, además de no servir para nada. La ley Sinde-Wert no va a ser una excepción, porque su propia formulación comienza con un abuso: el de retirar a los jueces de donde los jueces son estrictamente necesarios. Esperemos que el Tribunal Supremo ponga algo de sentido común en todo esto.
A continuación, el texto completo de la columna:
(Enlace a la entrada original - Licencia)Justicia suprema
Tres son ya los recursos en contra de la ley Sinde-Wert presentados ante el Tribunal Supremo: uno de la Asociación de Internautas, otro de la Asociación Española de la Economía Digital (adigital), y un tercero de la Red de Empresas de internet (REi). Tres importantes asociaciones que reclaman que se defienda a los usuarios y a un tejido empresarial crucial en la generación de valor y en el futuro de la economía española, de los excesos planteados por una industria del entretenimiento corrupta y por unos políticos ignorantes e irresponsables.
Tres asociaciones que piden al Tribunal Supremo una cosa: que la justicia funcione como debe funcionar. Todo juez razonable que vea el esperpento que supone la ley Sinde-Wert debería temblar en su silla viendo el papel de impresentable florero que le reserva: figurín decorativo, mera disculpa para, ante las obvias acusaciones de falta de tutela judicial efectiva, poder exclamar eso de "que sí, que hay juez". Mentira. Simplemente mentira. Lo que hay es esperpento.
La industria del entretenimiento emplea más de veinte millones de dólares al año en sobornar políticos, y es además quien genera el supuesto problema de las descargas al estrangular descaradamente la oferta: mientras muchos desearíamos pagar por contenidos, la industria no solo se niega a ofrecérnoslos en condiciones razonables, sino que además bloquea las iniciativas que lo intentan.
Que en España se apruebe un engendro como la ley Sinde-Wert mientras la Casa Blanca afirma que una ley similar, SOPA, debe ser detenida porque es perniciosa para el futuro de la red resulta un contrasentido absurdo. Que se proteja a los intermediarios causantes del problema en lugar de a los verdaderos creadores también lo es. La ley Sinde-Wert es un atentado a los derechos fundamentales y un palo en las ruedas del desarrollo de la sociedad red. Por justicia, esperemos que el Tribunal Supremo detenga la ley Sinde-Wert.
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Si después de hacer tu comentario este no aparece, no se trata del espíritu de Dans que anda censurando también aquí, es que se ha quedado en la cola de aceptación. Sacaré tu mensaje de ahí tan pronto como pueda, si bien el supersistema este tampoco me avisa de estas cosas, por lo que tengo que estar entrando cada cierto tiempo a ver si hay alguno esperando. Un inventazo, vaya.