En febrero de 2011, el gobierno de los Estados Unidos incautó los dominios rojadirecta.org y rojadirecta.com, propiedad de la empresa española Puerto 80, que tras múltiples juicios en España había conseguido dejar claro que sus actividades eran perfectamente conformes con la legislación española. En su momento hablamos de esa operación como de un terrible precedente en la consagración de una especie de “justicia universal” a la medida de las compañías norteamericanas, compañías que utilizaban a su gobierno como una policía con jurisdicción sobre cualquier país del mundo: los dominios incautados correspondían a una compañía extranjera, y solo el hecho de que el sistema de asignación de nombres de dominio estuviese radicado en los Estados Unidos hacía posible una incautación que desafiaba toda la lógica de aplicación de las leyes en un contexto internacional.
Ayer, dieciocho meses después de la incautación y tras una larguísima batalla legal emprendida por la empresa española y en la que probó de manera clara y patente la injusticia cometida, el gobierno de los Estados Unidos ha decidido abandonar el caso, lo que lógicamente conllevará, en poco tiempo, la devolución de los dominios a su legítimo propietario.
Al final, la justicia paree prevalecer: vincular a contenidos no es un delito, embeberlos en una página web tampoco, y las empresas de contenidos no tienen derecho a abusar de la ley con el fin de proteger sus ventanas de explotación geográficas en un mundo en el que dichas ventanas son simplemente inviables. Sin embargo, una empresa situada más allá de las fronteras de los Estados Unidos ha visto como ese gobierno se incautaba de sus dominios de manera claramente ilegal, cómo los mantenía bajo su control durante dieciocho meses causándole un evidente prejuicio (Rojadirecta continuó sus actividades en el dominio Rojadirecta.me, pero vio su posición en buscadores notablemente erosionada y sufrió un sensible descenso de su tráfico), y cómo, tras una larga y sin duda carísima batalla legal, simplemente renuncia a seguir con el caso, sin hacer el menor ademán de reparar daño alguno (y con muy pocas posibilidades para la empresa de obtenerlo). El “policía universal” ha perdido, pero sigue pudiendo actuar aparentemente a su antojo en jurisdicciones que no le corresponden, secuestrar lo que le venga en gana de manera claramente abusiva, y terminar por irse de rositas.
A ver si algunos se hacen mirar sus creencias: el copyright no es una licencia para matar, ni para ir por el mundo ejerciendo de policía cuando no tienes derecho a ello. Y sobre todo, entendámoslo de una vez: es el copyright el que tiene que adaptarse al nuevo escenario, no al revés.
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Si después de hacer tu comentario este no aparece, no se trata del espíritu de Dans que anda censurando también aquí, es que se ha quedado en la cola de aceptación. Sacaré tu mensaje de ahí tan pronto como pueda, si bien el supersistema este tampoco me avisa de estas cosas, por lo que tengo que estar entrando cada cierto tiempo a ver si hay alguno esperando. Un inventazo, vaya.