La última sentencia de sobreseimiento de los casos Etmusica y Elitemula con condena a la SGAE por mala fe procesal, una más de ya múltiples vistas tanto penales como civiles en las que en ningún caso ha habido condena, es la prueba definitiva de lo que el gobierno pretende hacer con la llamada Ley Sinde: subvertir una interpretación clara, unánime y concreta de los jueces españoles con respecto a los temas relacionados con las descargas en la red.
Lo que en su momento dijo David Bravo al analizar el tema queda completamente refrendado por los hechos: ante la evidencia de que por la vía judicial no conseguían sus objetivos, han decidido utilizar al gobierno de un país como quien se serviría de una marioneta, y promover que las decisiones de cierre las tome un órgano administrativo que simplemente “consulta” a un juez. Como los jueces “no saben aplicar el código penal”, quitemos a los jueces del medio.
Además de la evidente afectación de derechos fundamentales existente en el caso, lo verdaderamente indignante es el procedimiento: nunca estuvo tan claro que vivimos en un país donde un lobby de intereses económicos puede plantarse en un despacho del gobierno, introducir con toda paz y tranquilidad una disposición final en un anteproyecto de ley en tramitación, y hacer que ese gobierno defienda a capa y espada su presencia ahí. La mal llamada “Ley Sinde” nada tiene que ver con la sostenibilidad de la economía: únicamente con la sostenibilidad de la economía de quienes la han promovido. Lo que convierte su aprobación en una de las mayores tramas de prevaricación de la historia de nuestra joven democracia: legislar en contra del interés común y del dictamen de los jueces, para beneficiar económicamente a unos pocos.
Eso, y no otra cosa, es lo que se está votando en el Congreso estos días. La “imperiosa necesidad” de cerrar unas páginas web que los jueces afirman unánimemente que no hay que cerrar porque no incurren en delito ni en hecho ilícito alguno. No lo digo yo, lo dicen los jueces. Uno detrás de otro, unánimemente. Por lo penal y por lo civil. Esos mismos jueces a los que la “Ley Sinde” aparta expresamente de la decisión, limitando su papel. Los políticos se disponen a castigar a aquellos que los jueces declaran inocentes, y premiar a aquellos a los que los jueces condenan por mala fe procesal, mientras por el camino se meriendan varios derechos fundamentales. Interesante. Y a esto lo llaman “democracia”…
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