El Estado de la vigilancia: ¿es posible un cambio de tendencia?

Las últimas semanas de actividad política en los Estados Unidos podrían estar marcando un cierto cambio de tendencia en la consideración del llamado “estado de la vigilancia”, que puede incluso llevar a pensar en la posibilidad de inminentes cambios.

En el ámbito de la política internacional, las reacciones capitaneadas primero por por Alemania y después por Brasil en respuesta a las evidencias de comportamiento ilegal y desleal de los Estados Unidos ponen presión sobre las relaciones internacionales, y amenazan con un complejo y enrarecido clima de posibles restricciones y controles a la actividad de las empresas norteamericanas. Las continuas oleadas de revelaciones difundidas por Edward Snowden a través de medios como The Guardian o Der Spiegel permiten poner la situación en contexto: en un reciente artículo, el editor de The Guardian, Alan Rusbridger, afirmaba que existía un cuestionamiento general en el mundo acerca de lo que los Estados Unidos estaban llevando a cabo, y calificaba la vigilancia de la NSA como un planteamiento peligroso que “superaba ampliamente la imaginación de George Orwell”.

Pero es en el entorno doméstico norteamericano donde las cosas parecen estar experimentando un cambio mayor: frente a la irresponsable y conformista respuesta inicial de “no me importa que me espíen si con ello detienen el terrorismo”, un importante editorial en el New York Times del pasado domingo reclamaba categóricamente el cierre de las puertas traseras instaladas por la NSA, y daba su pleno apoyo a una coalición bipartisana de congresistas prestigiosos como Patrick Leahy o Ron Wyden que ha lanzado una potente iniciativa, la Surveillance State Repeal Act destinada a recortar drásticamente la Patriot Act y prácticamente a eliminar la NSA tal y como la conocemos, y que fue presentada este pasado miércoles. Desde el comienzo de las revelaciones de Snowden, ya se han presentado en el Congreso hasta veinte peticiones legislativas de reforma. Las empresas tecnológicas, por su parte, trabajan para hacer la cibervigilancia de la NSA más complicada: Google decide cifrar todo su tráfico por defecto salvo la actividad publicitaria.

Ante tan amenazador panorama, el director de la agencia, Keith Alexander, planteó ese mismo miércoles una defensa de su papel y una petición de apoyo, que hizo ante prácticamente ya el único público que lo apoya: una audiencia de contratistas y empresas de seguridad que obtienen gran parte de su facturación de la misma NSA. El intento de Barack Obama de limitar los daños mediante una absurda auditoría hecha por la propia parte interesada son ya de por sí interpretados en clave de chiste, mientras en el Senado otra comisión bipartisana exige explicaciones adecuadas antes del fin de este año. Mientras el ejército intenta desesperadamente plantear sistemas que permitan descubrir y detener a posibles whistleblowers en función de su comportamiento, la petición al Congreso solicita precisamente lo contrario: un mecanismo seguro que permita a cualquier empleado o contratista con responsabilidades sobre seguridad presentar una queja si detecta violaciones de leyes o regulaciones, derroche injustificado de recursos, abusos de autoridad o amenazas contra los ciudadanos.

Hoy 26 de octubre, decimosegundo aniversario de la Patriot Act, está convocada una manifestación en Washington D.C. que entregará en el Congreso más de medio millón de peticiones ciudadanas solicitando el cese de la vigilancia.

Tras el inicio de las revelaciones, el gobierno norteamericano y su Presidente se enrocaron en la necesidad de un entorno de vigilancia total para supuestamente proteger la libertad y la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, las últimas noticias apuntan a que tanto esa ciudadanía, como empresas, países y un buen número de políticos empiezan a exigir que esa ecuación sea rebalanceada. ¿Estamos realmente ante un cambio de tendencia significativo?

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