Imaginando escenarios al revés: el impuesto a la ineficiencia

Resulta curioso llevar a cabo el ejercicio mental de imaginar escenarios completamente al revés de los que vivimos actualmente: esta entrada, de hecho, está inspirada por la reciente ola de impuestos tecnológicos en trámite argumentados por diversas razones en países como México, Argentina o Reino Unido, o por pseudoimpuestos de legalidad discutible como el que vivimos en España con el canon digital, y por supuesto no pretende proponer el establecimiento de ningún tipo de tributo, sino solo especular brevemente con el escenario resultante de ello.

¿Qué debe gravar un impuesto? Si tomamos el principio rector teórico de los mismos, la “capacidad contributiva”, sugiere que el impuesto debe ser pagado por aquellos que pueden hacerlo, con el fin de consagrar el principio constitucional de equidad y el principio social de solidaridad. En muchos casos, además, el impuesto se utiliza para disuadir la compra de un determinado producto (caso, por ejemplo, de los impuestos al alcohol o al tabaco), fomentar o desalentar determinadas actividades económicas.

Pensemos, por ejemplo, en el canon digital: su uso plantea una serie de presuntos perjuicios a quienes editan y distribuyen obras en soportes físicos, tasando a quienes adquieren bienes de naturaleza tecnológica relacionados, aunque sea remotamente, con la realización de copias de dichas obras. ¿Cuál es el resultado neto? Se beneficia a la forma de distribución arcaica, ineficiente y antiecológica, mientras que se castiga o desincentiva mediante impuestos el uso de la tecnología, que resulta ser precisamente la manera eficiente de hacerlo. En México, por ejemplo, ocurre lo mismo: al considerar la tecnología como un lujo susceptible de ser tasado, se castiga o desincentiva a aquellos que la utilizan y que gracias a ello resultan ser más eficientes en el uso de otros recursos.

No considero preciso detenerme en las consideraciones relativas de ineficiencia: el análisis comparativo de los recursos implicados en la descarga a través de Internet de una obra, frente a la impresión de un folleto en color sobre papel couché satinado de alto gramaje, insertado en una caja rectangular de plástico transparente que contiene una oblea de policarbonato, aluminio y laca, distribuida en cajas de cartón metidas en camiones a redes de tiendas distantes entre sí para cubrir todo el territorio, y reproducido en un aparato dotado de un lector que dispara un haz de láser es algo que me parece suficientemente obvio, que habla por sí mismo. Descontando los costes de infraestructura (para transmitir por Internet hay que construir troncales, tender cables y poner centralitas, pero para transportar por carretera es preciso construir éstas, y en ambos casos hablamos de infraestructuras que sirven para infinidad de aplicaciones), quien pretenda defender que los métodos tradicionales son de alguna manera más eficientes lo va a tener verdaderamente complicado para convencernos. En el caso del papel, resulta completamente evidente que el papel pudo ser, en estadios tecnológicos primitivos, la manera más eficiente de diseminar una noticia, pero que hoy en día, imprimir un periódico en papel frente a diseminar dicha noticia a través de la red es una inversión de recursos clarísimamente ineficiente.

¿Qué hace que se mantengan esos nichos de ineficiencia? ¿Qué lleva a que ese distribuidor de música en camiones considere que su labor a todas luces ineficiente  debe ser protegida frente a una distribución digital infinitamente más eficiente? Las razones son varias, y van desde la falta de universalidad del nuevo medio – la llamada brecha digital – hasta la capacidad de dichos actores para defender su modo de vida ante el poder político exigiendo prebendas injustificadas, pasando por elementos como la tradición o la defensa de puestos de trabajo.

Pero vamos todavía un punto más allá: ¿qué ocurriría si las actividades que fuesen calificadas como claramente ineficientes fuesen objeto de un impuesto especial destinado a desincentivar dicha conducta ineficiente, y los recursos captados se empleasen en la reducción de dicha brecha digital? Puede usted adquirir un CD con música, pero dado que eso supone una gran ineficiencia frente a la distribución, será objeto de una tasación equivalente a la que recibe un bien de lujo, y con lo obtenido, financiaré la inclusión digital de aquellos más desfavorecidos. Puede usted adquirir un periódico en papel, pero dado que le resultaría mucho más eficiente en términos de recursos leerlo electrónicamente, le aplicaré un impuesto cuyo importe utilizaré para financiar la reforestación y la sustitución de espacios dedicados al cultivo de especies destinadas a la fabricación de pulpa de papel por bosques naturales de especies autóctonas. ¿Prefiere que corten árboles, los procesen emitiendo azufre a la atmósfera, los impriman con tinta, los distribuyan en camiones, etc. con el fin de que usted pueda leer las noticias en su sofá con los pies encima de la mesa del salón? Perfecto, pero además de pagarlo, deberá abonar el impuesto correspondiente al diferencial en el que obliga a incurrir. Básicamente, utilizaremos su capacidad contributiva para reparar lo que usted contribuye a romper. En el fondo, es parecido a lo que ocurre con un gran todoterreno: puede usted comprárselo y usarlo para lo que quiera, pero dado que hay formas más eficientes de desplazarse, le tasaré convenientemente por su mayor consumo con impuestos especiales en el momento de su adquisición (en algunos países) y al consumo adicional de gasolina.

Obviamente no soy fiscalista, y anticipo mis disculpas por los posibles errores conceptuales en la reflexión. Pero una transición hacia lo más eficiente nos llevaría de manera inmediata a un mejor uso de los recursos, a una mejora global y al desarrollo de una conciencia en la que el uso ineficiente es y debe ser penalizado. Considerar el papel, con un proceso de fabricación especialmente antiecológico y responsable no solo de contaminación directa, sino de la transformación extensiva de bosques en espacios de cultivo carentes de diversidad y ecológicamente aberrantes, como un lujo que debe ser tasado, provocaría que la distribución de información se desplazase a medios electrónicos, y a una financiación de la universalización de éstos vinculada a una consideración de Internet como derecho universal (como ha sido recientemente definido en países como Finlandia). Además, la tasación de la ineficiencia marcaría la necesidad para los proveedores tradicionales de desplazarse en busca de una mayor eficiencia, lo que evitaría que, como ocurre actualmente, penalizasen injustamente los nuevos modelos a expensas de los antiguos.

Como diría un norteamericano, “just food for thought”…

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