La ?ley Sinde? no es una cuestión de honor

Este fin de año ha sido sin duda movido para la mal llamada “ley Sinde” (o “ley Biden-Sinde“, como más propiamente comienzan a denominarla algunos).

Ahora, cuando vivimos ya las últimas horas de la década, las perspectivas para el comienzo de la siguiente en lo referente a este tema son de todo menos halagüeñas: todo indica que el gobierno, tras sacar a sus pesos pesados en defensa unánime de la ley, está negociando a toda máquina un acuerdo con diversas fuerzas parlamentarias para lograr reintroducir en el Senado la “ley Sinde” dentro del texto de la ley de Economía Sostenible, en una abierta burla a los deseos de una ciudadanía que de manera aplastante se manifestó en contra de dicha inclusión.

Llama especialmente la atención la postura del Partido Popular, en donde todo apunta que el planteamiento es ahora rebajar el tono de sus enmiendas a cambio de obtener la retirada del canon como forma de salvar sus planteamientos, como si la política se hubiese convertido en una triste cuestión de honor o se viese reducida a un tema de imagen. Es decepcionante: yo salvo mi honor porque apruebo la ley en la que me empeñé, tú te presentas como el que logró la eliminación del canon. Triste, porque entre honores de unos e imagen de otros nos estamos jugando cuestiones mucho más importantes que el honor o la imagen: nos jugamos cosas como nuestros derechos fundamentales o el futuro económico de nuestro país.

La cosa llama muchísimo más la atención tras ver el resultado de la reunión organizada por Alex de la Iglesia, presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, con un grupo de ciudadanos: un comienzo verdaderamente ilusionante de diálog0. En tres horas de reunión se avanzó muchísimo más que en un año de intentos de imposición de leyes liberticidas.

No, la “ley Sinde” no es, no debería ser en ningún caso una cuestión de honor ni del “salvar la cara” de nadie. La “ley Sinde” debería servir para que el gobierno, para que los políticos en general, se planteasen que seguir por la vía que emprendieron hace ahora algo más de un año es una manera de gastar esfuerzos inútilmente, de aprobar leyes que no van a servir para nada, de enfrentarse directamente con la ciudadanía, de faltar a su deber de representación de los ciudadanos, y de perder votos. Nada bueno puede salir de la “ley Sinde” que no sea la dimisión de su proponente, de quien le da nombre y de quien, en realidad, jamás debió llegar al cargo que ocupa. A partir de ahí, iniciar conversaciones de cara a remodelar el concepto y la ley de propiedad intelectual, y trabajar de manera constructiva con los ciudadanos, no en contra de su voluntad, intereses y necesidades.

La reunión en la Academia debería ser un buen comienzo, no un esfuerzo aislado y abortado por los políticos de turno en busca de la preservación de “su honor”. Paremos este absurdo proceso, presionemos el botón de “Reset”, e iniciemos de nuevo la discusión con las premisas adecuadas y escuchando a todas las partes. Ese, y no otro, debería ser el papel de un gobierno que pretendiese servir a sus ciudadanos. Hay mucho que ganar en un planteamiento maduro y reposado de esta discusión. No debería ser mucho pedir a un gobierno que dejase de comportarse como un niño obstinado y malcriado, y empezase de verdad a interpretar su labor como debería ser en una democracia que se precie. Menos “honor”, menos “salvar la cara”, y más avanzar de verdad en la resolución del problema, por favor.

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Los límites del diálogo

Hoy jueves 30 de diciembre tendrá lugar, según se ha ido comentando fundamentalmente a través de Twitter, una reunión en la Academia de Cine entre un conjunto de usuarios de la red (empresarios, abogados, bloggers, etc.) y algunas personas de la industria del cine. La reunión corresponde a una iniciativa de Alex de la Iglesia, y me parece sin duda un buen movimiento, como todo aquel que implique diálogo entre partes. A pesar de haber sido invitado a la misma, el hecho de celebrarse en fechas típicamente vacacionales y el tener un océano de por medio me han llevado a tener que excusar mi asistencia. Sin embargo, no quería dejar de poner sobre la mesa lo que, en mi opinión, deberían ser puntos innegociables en el diálogo: como siempre, completamente personales, debatibles, y sin ánimo de aportar nada más que ideas a un tema que, como es bien sabido, llevo ya mucho tiempo siguiendo.

• Se dice que en España, todo español lleva un árbitro dentro. En fútbol me parece muy bien que así sea. En la justicia no es así. En la Justicia, los que arbitran y deciden lo que es delito y lo que no lo es se llaman JUECES: así ha sido siempre, así debe ser, y así debe seguir siendo en toda democracia que se precie en la que exista separación de poderes. Por tanto, cualquier intento de crear una “comisión administrativa” que pretenda arrogarse funciones que a día de hoy corresponden a los jueces es algo que debe ser rotunda y radicamente rechazado.
• Las páginas de enlaces NO SON DELITO. Así lo han afirmado ya catorce jueces, con amplia y variada experiencia, y algunos más en otros países. Te puede parecer lo que quieras, pero la actividad que desarrollan no implica “enriquecerse con obras de otros”, ni “robar” nada, ni nada por el estilo. Las páginas de enlaces son buscadores: añaden valor a los usuarios organizando contenidos que no hospedan, que se encuentran alojados en otros sitios. Que esos sitios que alojan dichos contenidos comentan o no un delito es de nuevo algo que deberán decir los jueces.
• Si un sitio aloja contenidos de terceros sin su permiso ni licencia y explota dichos contenidos con ánimo de lucro, es muy posible que esté cometiendo un delito (aunque una vez mas, eso es algo que deberá decidir un juez). Del mismo modo que el top-manta es un delito, no solo porque comercializa obras de terceros sin su permiso, sino también porque compite de manera desleal con quienes pagan impuestos, seguridad social, etc. por llevar a cabo una actividad similar (si una página, sea del tipo que sea, no paga impuestos, no da de alta a sus empleados en la seguridad social o incurre en cuestiones similares, estaremos hablando lógicamente de lo mismo).
• La actividad de los usuarios intercambiando contenidos en redes de pares (P2P) sin ánimo de lucro no es delito. No solo porque es un comportamiento socialmente extendido y aceptado que sería además imposible, costoso e inútil reprimir, sino también porque así lo afirma una ya muchas veces citada circular de la Fiscalía del Estado.
• Cualquier industria que pretenda ser viable debe entender que perseguir, acosar y arrinconar a sus clientes potenciales es algo que va completamente en contra de las buenas prácticas del negocio y que juega completamente en contra de la sostenibilidad. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
• Las injerencias de lobbies industriales de un país extranjero son exactamente eso, injerencias, y además, como tales, inaceptables. Deben exigirse responsabilidades a quienes han utilizado dichas injerencias para intentar alterar procesos legislativos, forzar cambios tendentes a mejorar las condiciones de una industria determinada, o divulgar una imagen falsa, deshonrosa y difamante de nuestro país. La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, debe dimitir de su cargo: no solo está implicada de primera mano en estos temas y evidentemente afectada por la Ley de Incompatibilidades, sino que ha demostrado sobradamente su incapacidad para ejercer el cargo que ocupa, su enorme parcialidad, su abierto desprecio a los ciudadanos, y ha logrado generar una importante alarma social con su gestión.
• Las entidades de gestión de derechos de autor españolas son las principales responsables de la falta de opciones de la industria a la hora de comercializar sus productos de forma competitiva e interesante para los ciudadanos, por haber creado entornos monopolísticos llenos de restricciones artificiales y absurdas. Lejos de defender a quienes afirman defender, los están perjudicando de manera patente creando restricciones a ambos lados del mercado, y llevando a cabo una labor únicamente destinada a su propia sostenibilidad. Su actividad y sus cuentas deben ser inspeccionadas de manera rigurosa, y deben además, como bien indicaba el informe de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), perder su estatus de exclusividad para dar lugar a mercados genuinamente competitivos.
• Es preciso establecer un proceso serio de revisión del concepto de propiedad intelectual, de cara a adaptarlo a un entorno en el que la métrica de las copias ya carece de sentido. Para esto, deberá establecerse una comisión parlamentaria que escuche de manera equilibrada a todas las partes implicadas, incluidos los ciudadanos. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones, pero los derechos de autor no pueden bajo ningún concepto estar por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
• El canon compensatorio es una figura carente de sentido, y debe desaparecer. Asimismo, pretender establecer un canon similar supuestamente pagado por las operadoras con el fin de remunerar a los artistas es un mecanismo que distorsiona el mercado y que se traslada inmediatamente al usuario final, de manera que acaba siendo éste quien paga injustamente por productos que en muchos casos no utiliza. La cultura debe financiarse con el negocio que genera, en base a prácticas que se acomoden a los tiempos que les ha tocado vivir.

Estos son los puntos que yo defendería como innegociables en un hipotético diálogo en ente tema. Como diría un norteamericano, my two cents, nada más. Sin pretender nada más que el ponerlos por escrito, aunque solo sea para aclarar mis propias ideas en este sentido. Si a alguien le sirven para reflexionar sobre el tema, me alegro un montón.

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La experiencia sueca y el efecto Esquilache

El llamado “motín de Esquilache” se produjo en el año 1766, cuando el entonces Ministro de Hacienda, el Marqués de Esquilache, pretendió promulgar una ley para regular la vestimenta de los madrileños prohibiendo el uso de la capa larga y el sombrero de ala ancha. La pretensión era evitar el anonimato del que disfrutaban los ciudadanos cuando circulaban completamente embozados, y que presuntamente podía favorecer que se diesen a todo tipo de delitos o que escondiesen armas entre sus ropas. La medida abogaba por el uso de una indumentaria extranjera, la capa corta y el tricornio, y castigaba el uso de la capa larga y el sombrero de ala ancha con importantes multas que escalaban además en función de la reincidencia.

La policía sueca ha dado cuenta de la primera consecuencia de la legislación antidescargas, IPRED, introducida en el país en abril del pasado año 2009, y es precisamente el efecto que muchos habíamos anticipado: una elevación importantísima del uso de herramientas de anonimización y cifrado de la conexión, unido a la negativa de los ISP a almacenar datos de sus clientes con el fin de proteger su privacidad. Con los ISP en abierta situación de no colaboración, y la proliferación de herramientas como IPREDATOR, de la que hablamos anteriormente, que por cinco euros al mes ofrece un cifrado a prueba de bomba y una ausencia total de almacenamiento de registros, la policía sueca afirma que ahora, en un entorno en el que una amplísima mayoría de los usuarios circulan por principio encapuchados, le resulta prácticamente imposible perseguir a los verdaderos delincuentes, aquellos que se dedican a crímenes serios como la explotación sexual de menores o el fraude a gran escala.

Ese es el escenario al que se dirigen asimismo países como Francia, que optaron en su momento por promulgar “estados de sitio” en Internet suprimiendo derechos tan fundamentales del ciudadano como el secreto de las comunicaciones. Si decides criminalizar algo que simplemente no debería ser delito, te encuentras con que la jugada se vuelve en tu contra, y con que construyes un escenario de impunidad para el que sí quiere cometer crímenes serios. A eso se le llama “hacer un pan con unas tortas”. Una pista clara y cristalina para legisladores irresponsables. Que no digan que no se lo advertimos.

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Entrevista en El blog del Cine Español

Jose López Perez me entrevistó por correo electrónico para El Blog del Cine Español. Lo ha titulado “Entrevista a Enrique Dans: ‘las subvenciones son un sistema de perversión del mercado. Es oscuro, arbitrario, y basado en amiguismos’“.

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Podcasteando en El Arca de la Alianza (ahora sí)

Tras la pequeña inocentada de ayer, hoy Daniel Sanz publica la entrevista de verdad, la que grabamos el pasado dia 15 :-)

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Podcasteando en El Arca de la Alianza

El pasado día 15 estuve con Daniel Sanz podcasteando en El Arca de la Alianza, y Daniel lo ha publicado hoy. Es una entrevista densa, sesuda y profunda, en la que desvelo algunas cuestiones de las que nunca había hablado anteriormente, sobre todo en la parte del final. ¡Espero que os guste!

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Vacaciones

Estoy pasando una semanita de vacaciones en la playa con la familia, un descanso del que hacía tiempo que tenía ganas. La conexión aquí es más bien irregular e incómoda, así que es posible que algunos días escriba a horas extrañas debido a la diferencia horaria, o simplemente no escriba.

Antes de salir llamé al 609 como hago habitualmente para interesarme por las tarifas de roaming de datos. Sin ánimo de que lo que diga ahora pueda ser interpretado como fidedigno, dado que es simplemente lo que entendí de la persona con la que hablé (si vas a salir de España y te interesa, llama tú y comprueba la información), me llamaron la atención dos cosas: uno, una mejora cualitativa muy palpable en la calidad del servicio, incomparable con respecto a la época en la que escribí esta entrada o esta otra dando las quejas por lo que para mí era una calidad de servicio inaceptable (las cosas hay que destacarlas también cuando evolucionan en la dirección positiva).

Dos, un efecto de los llamados “bill shocks”, sobre los que escribí en su momento: ante las quejas de clientes que salían del país y, tras utilizar su teléfono con normalidad, recibían facturas muy elevadas, Movistar ha optado por una tarifa de roaming de datos de ocho euros al día, aparentemente sin límite, que se activa de manera automática en ausencia de otro acuerdo. Hay tarifas más ventajosas para estancias de una semana o más, pero la idea de una tarifa activada por defecto que se pone en marcha al encender el teléfono en el extranjero y que tiene un techo máximo de gasto por transmisión de datos de ocho euros es notablemente mejor que la opción anterior, en la que se contabilizaba por datos transmitidos. De nuevo: aunque estés en mi misma situación, mismo operador y también con BlackBerry, infórmate convenientemente antes de salir del país (no quiero reclamaciones en los comentarios :-)

En los próximos días, por tanto, entradas irregulares o descanso total, actualizaciones a través de Twitter, Facebook o Foursquare desde la BlackBerry, y relax, mucho relax. Para aquellos que me han preguntado sobre la reunión que Alex de la Iglesia está organizando en la Academia, efectivamente, me han llamado, pero no puedo acudir, me pilla todavía aquí. Y de nuevo, como en ocasiones anteriores: no, no me ha nombrado nadie como representante de nada ni de nadie, ni falta que me hace, ni me presentaría si hubiera una votación para ser elegido como representante de nada ni de nadie más que de mí mismo. Por más que les cueste entenderlo a algunos, y aquí va por escrito y en negrita por si alguien lo dudaba, jamás me verán en un cargo electo de nada, no tengo ningún interés en una carrera política, no voy a ser jamás ni ministro ni secretario de estado de nada, incluso aunque alguien estuviese tan loco como para proponérmelo. Soy profesor, es lo que quiero ser, y es lo que seguiré siendo mientras me dejen. A ese tipo de reuniones simplemente me llaman, y yo voy si creo que puedo aportar algo (o en este caso, no voy). Es posible que escriba algo sobre el tema estos días, sobre cual sería mi postura de cara a una reunión así, pero eso es todo. Disfruten de las vacaciones, que yo me voy ahora mismo a dar un bañito a su salud :-)

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Cuestionando el copyright

Muy inspiradora esta página, QuestionCopyright.org, que invita a repensar el modelo de copyright a la luz del nuevo escenario tecnológico. Muy al hilo de libros indispensables para entender la situación actual como “The gridlock economy“, de Michael Heller, pero ilustrado mediante viñetas y vídeos para que se haga más accesible.

El verdadero problema de la cultura y de los creadores no está en los usuarios: está en los intermediarios que han adquirido un monopolio absoluto de sus creaciones, y son los que de verdad impiden que los creadores puedan generar valor. Acostumbrados a un ecosistema en el que el control de la copia y la distribución les otorgaba elevados márgenes, ahora se niegan a perder sus prebendas y pretenden confundirse con la actividad creativa, cuando son meros intermediarios que han dejado de añadir valor. Esa es la eufemísticamente denominada “industria cultural” que tanto se afanan en defender nuestra ministra y su gobierno. Si alguna vez pensaste que la “ley Sinde” y su encendida defensa tenía algo que ver con la protección de la cultura, piénsalo de nuevo. Absolutamente nada que ver. Es todo una cuestión de intereses económicos no centrados en el creador. La verdadera cultura se defiende eliminando monopolios, reconvirtiendo la industria y liberando la creación cultural.

En las últimas horas he ido apuntando en mi Twitter hacia artículos como éste de Manuel M. Almeida o éste de Nacho Escolar. Las páginas de descargas solo revelan una verdad clara: que los creadores, oprimidos por una industria cultural rígida, obsoleta y alejada de unos clientes a los que insulta cada vez que habla, carecen de maneras viables y razonables de hacer llegar su producción a su público. Discográficas, productoras y editoriales dejan oportunidades y dinero encima de la mesa, que las páginas de descargas vienen a recoger por el lado irregular, por el que no compensa a los creadores. Antes, mucho antes de intentar perseguir a lo que no puede ser perseguido (obsérvese el “éxito” de experiencias similares) hay que atacar el problema en su raíz: modificar la legislación de propiedad intelectual, crear un verdadero mercado con alternativas, y proporcionar al binomio creadores – público oportunidades para entenderse sin que un innecesario comisionista en el medio se lleve el 90% de las ganancias únicamente a cambio de imponer restricciones.

Reducir la lucha contra la “ley Sinde” a un “es que están a favor del todo gratis” es tan simplista, tan estúpido, que resulta de verdad increíble que personas supuestamente inteligentes puedan comprar algo así. Las páginas de descargas no se eliminan persiguiéndolas – repito, aprendamos de experiencias pasadas – sino compitiendo con una oferta que de verdad sea interesante para el público y proporcione además verdadero valor y oportunidades al artista. A medida que se asienta el polvo levantado en la batalla, se empiezan a ver las cosas mucho más claras: el problema no está en los usuarios, ni en los artistas, ni en las páginas de descargas. Está precisamente en la industria cultural, en la que “inspiró” todas estas medidas coercitivas, en los que están detrás de esas presiones, en la que ejerce el monopolio de la distribución en una época en la que la distribución ya no aporta valor alguno. Están ahí, impidiendo el desarrollo de modelos de negocio verdaderamente viables, imponiendo su portazgo como si la creación verdaderamente les perteneciese a ellos. Las páginas de descargas son solo la evidencia de que, ante un mercado que no funciona (ni funcionará si no eliminamos los monopolios y las prebendas), la economía sigue su curso, y se las ingenia para generar rendimientos que el ineficiente deja encima de la mesa. Las páginas de descargas desaparecerán cuando el usuario las sustituya por ofertas interesantes y competitivas con las que realmente los creadores quieran colaborar, propuestas que entreguen valor a ambas partes. Si las páginas son ilegales, que lo diga un juez. No la industria.

Quien abusa aquí no ha sido nunca el usuario. Es la llamada “industria cultural”. Precisamente la que puso a la ministra al frente del ministerio para defenderse de los tiempos, la que urdió un plan con la connivencia de la industria y la administración norteamericana para poder sostener sus privilegios. La industria, sus lobbies y asociaciones que hacen y deshacen en la sombra, que insultan, que atacan, que manipulan, ocultan y falsean datos. Los que manchan y difaman la imagen de España haciendo creer falsamente que es un país mucho más deshonesto que otros. Contra esos es contra los que el gobierno debe defender a creadores y usuarios, al conjunto de los ciudadanos.

Esto no se arregla con el “sostenella y no enmendalla”, con la insistencia en los errores, con el “esta ley pasa por encima de todo”, con la confrontación. Esto solo se arregla con un importante replanteamiento del tema, escuchando de verdad a todas las partes implicadas. Que alguien pulse el botón de Reset, por favor.

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Mis deseos para el año 2011

Mis deseos para el año 2011, o al menos los que puedo contar, están relacionados con uno de los asuntos que muy a mi pesar han dominado mi actividad durante el 2010: la política.

La política. Esa política que tan mal nombre tiene en nuestro país: dentro de poco, si seguimos a este ritmo, ya no se hablará de la italianización de la política como sinónimo de escándalos y corrupción, sino de su españolización. Esa política separada de la ciudadanía, constituída en casta, casi en deshonra… “Se metió en política”, dicen, como si eso debiese ser inmediatamente sinónimo de enriquecimiento irregular, de prebendas increíbles o de “no valía para otra cosa”.

Mi deseo para el 2011 es que, aunque sea lentamente, empecemos como país una transición hacia otro tipo de política. Durante 2010 he tenido ocasión de conocer a muchos políticos, de esos que generalmente solo ves en asomándose a los telediarios (o últimamente, al “Sálvame”, como siniestro indicador de lo que decíamos en el párrafo anterior). Me gustaría ver un movimiento hacia una política diferente, más transparente, radicalmente transparente. Me gustaría ver una política que se apoya en la tecnología para estar cerca del ciudadano, para escuchar y entender a aquellos a los que se supone representan. Partidos políticos con otra estructura, no basados en la más ferviente meritocracia y el escalafón, en el permanecer, medrar e ir subiendo en la estructura, en el apparatchik, sin hacer ruido. Partidos que no se financian mediante estructuras oscuras y donaciones a cambio de accesos privilegiados al poder, en el “hoy te doy, mañana ya te pediré”. Durante este año 2010 he podido ver un acceso de los lobbies a los políticos tan, tan, escandalosamente directo y sin ambages, que cualquiera al que se le cuente debería inmediatamente sentirse tan escandalizado como para echarse a la calle a protestar.

Es normal que haya lobbies. Es propio de la naturaleza humana acercarse al poder y pretender influir en él para el propio beneficio. Lo que no es normal, ni natural, ni serio, ni decente es hacerlo en la oscuridad, amparado por favores basados en intercambios económicos, dejando que sean los poderes económicos quienes realmente gobiernan una democracia convertida en pantomima. No, los ciudadanos no votamos para eso. Eso define una realidad indecente, inútil y, sobre todo, estúpida. Una realidad distópica. Una situación a la que jamás debimos llegar. Si los pequeños episodios de ciberactivismo vividos a finales del 2009 y 2010 han servido al menos para que algún partido se replantee determinadas cosas, se dé cuenta de que no se puede legislar ni actuar de espaldas a la ciudadanía, habremos conseguido algo muy grande. Aunque lo quiera aprovechar por puro rédito electoral: las motivaciones últimas, a estas alturas, me dan exactamente igual. Con que el proceso de cambio se inicie, aunque sea persiguiendo intereses bastardos, tenemos suficiente.

Mi deseo para el 2011 es que al menos un partido representativo, aunque solo sea uno, abrace una nueva manera de hacer política. Me da exactamente igual cual sea, porque no soy de ningún partido, a día de hoy no comulgo con ninguno. Solo quiero que sirva para iniciar un cambio. Que se reforme internamente lo suficiente como para que determinados políticos, que me consta que existen, rompan la baraja de lo establecido y empiecen a actuar de otra manera. Una de mis mayores frustraciones de este año que termina es haber conocido políticos honestos, trabajadores y sinceros, y no poder contárselo a nadie, porque cuando se lo cuentas te intentan automáticamente convencer de que no es así, de que no puede ser así. Me llega con que sea un partido el que lo haga, porque estoy completamente convencido de que el primer partido mínimamente relevante que inicie estas prácticas obtendrá eso que en empresa llamamos “la ventaja del pionero“, que servirá para otorgarle grandes réditos electorales y que provocará un efecto de imitación, un círculo virtuoso que alcanzará a sus oponentes en el espectro político. Un efecto del que, sin duda, nos beneficiaremos todos, incluida la economía. Eso, un mercado sin falsedades, irregularidades y prebendas, sí es de verdad susceptible de construir una verdadera economía sostenible.

Mi otro deseo para el año 2011 es complementario con el anterior. De hecho, es la segunda parte del mismo: no, no todos nuestros males son culpa de los políticos. La mitad de ellos vienen precisamente de la otra parte, no de los gobernantes, sino de los gobernados. De la ciudadanía. De una ciudadanía desinteresada, inerme, a la que solo mueven los éxitos deportivos, el ocio y la prensa del corazón. Una ciudadanía dormida, que presencia el activismo como si fuera una película, que pone mala cara ante la significación, ante la reivindicación. De tanto hablar mal de la política, hemos llegado a querer permanecer completamente al margen de ella, a que nos la den servida, a la política de la salchicha: nos las comemos, pero preferimos que no nos cuenten cómo están hechas. Hemos abandonado nuestras responsabilidades en manos de una casta a la que despreciamos, pero que nos negamos a controlar. Y si alguien protesta, lo miramos mal, nos molestan sus reivindicaciones, porque interrumpen nuestra rutina, nos impiden circular o nos monopolizan el panorama. La caterva de imbéciles votando “cansina” en el Menéame, sin pensar que a lo mejor, es que el tema se repite más que el ajo porque es de verdad relevante, porque es algo que exige algo más que apretar un botoncito con aire displicente. El “dame pan y circo”, y gobierna tú, que a mí me da la risa. Para esa ciudadanía española que únicamente protesta cuando cierran las páginas de descargas, sin pararse a pensar en lo que de verdad encierra el tema, en las importantísimas implicaciones que hay detrás del hecho para las libertades, para el futuro. ¿Pensar? Deja, deja… es demasiado cansado.

Sí, como todas las listas de deseos, son ingenuas. No es algo que se pueda hacer en un año, y muchos simplemente se refugiarán en el “no se puede hacer” para ni tan siquiera intentarlo. Pero al menos, lo escribo y me desahogo un poco, ya sabes: “you may say I’m a dreamer, but I’m not the only one”. Para todos aquellos que hayan sentido cuando menos un pequeño guiño de complicidad, un “a mí también me gustaría”… mis mejores deseos para el año 2011.

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La máquina de copiar jamones

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Vuelven las mismas mentiras

Vale la pena leer los presuntos “argumentos” que algunas supuestas “figuras clave” de la cultura española pretenden aportar ante la caída de esa “ley Sinde” que por medios antidemocráticos y al dictado de los Estados Unidos intentaron colarnos dentro de la Ley de Economía Sostenible.

¿Lo más destacable? La AUSENCIA TOTAL de argumentos válidos, elaborados, o mínimamente novedosos. La confusión absoluta de términos, los insultos gratuitos, el elevar la voz como forma de disimular que no se tiene razón.

Pero vamos, por enésima vez y aunque pueda resultar agotador, a contestar uno por uno los “argumentos” esgrimidos:

• “Los creadores tienen derecho a vivir de sus obras”: mentira. Los creadores tienen derecho a crear, punto. Nadie tiene “derecho” a vivir de su obra, sea cantante, cineasta o panadero. Lo de vivir de tus obras depende de las leyes del mercado. Si quieres vivir de tus obras tendrás que organizar un modelo de negocio válido alrededor de las mismas. A día de hoy, ellos mismos afirman que no lo tienen. Y si quieren tenerlo, dedicarse a insultar, perseguir y arrinconar a sus clientes no es la mejor de las recetas.
• “No se puede competir con la oferta ilegal”: mentira. Primero, que la oferta sea legal o ilegal no lo tienen que decir ellos, lo tiene que decir un juez, que es quien entiende de esto. Pretender saltarse la separación de poderes, base de la democracia, para que sea el gobierno el que decide en lugar de los jueces es una barbaridad que debería llevar a la dimisión de su proponente (y no, por más que nos mientan, los jueces no deciden). Si quieres crear una oferta atractiva, ponle un precio disuasoriamente bajo, hazla agradable, flexible, social, y úsala como un punto de encuentro entre el creador y su público – el creador de verdad, no una ridícula agencia de PR. Es posible que eso conlleve además una desintermediación, que muchos de los actuales intermediarios pierdan su papel. De hecho, fíjate en los integrantes de esa asociación llamada “Coalición de Creadores“: todos son intermediarios, no hay creadores. Curioso, ¿no?
• “Están contra los derechos de autor”: mentira. Yo soy creador (mucho más que algunos de los que protestan), y estoy a favor de los derechos de autor. Muchos de los que se significaron en contra de la “ley Sinde” son creadores, y están a favor de los derechos de autor. (de hecho, la supuesta dicotomía “creadores contra piratas” que se pretende interesadamente plantear es una falacia como la copa de un pino, además de un insulto inaceptable). Pensamos, eso sí, que los derechos de autor deben reformularse para evitar que se conviertan en un brindis al sol que no sirven para nada, y que tienen que dejar de depender del concepto de copia, porque copias podemos hacerlas todos sin esfuerzo. Poseer los medios para hacer copias ya no es un recurso escaso ni un factor limitante. Los derechos de autor deben servir para remunerar al autor, no a los intermediarios innecesarios.
• En estupideces como que “quieren abolir la propiedad intelectual, entonces vamos a abolir todo tipo de propiedad” y “comparte tu Maserati” lo siento, pero no voy a entrar. La falacia entre propiedad fisica y propiedad intelectual ya ha sido suficientemente explicada, incluso a nivel de Barrio Sésamo. Quien dice este tipo de cosas ya se califica a sí mismo, no hace falta que venga yo a llamarle nada. Procuro mantener la educación y las formas – no como otros.
• “España es una rareza”: mentira. España es un país en el que la sociedad civil está consiguiendo que estos temas se traten con un cierto sentido común. En países como Francia, donde el derecho fundamental del secreto de las telecomunicaciones está severamente vulnerado, o en Estados Unidos, donde además se practica el matonismo judicial contra los usuarios, no se está obteniendo ningún resultado positivo en el sentido que quiere la industria. Los únicos países en los que se consiguen resultados que la industria podría considerar positivos son aquellos en los que se invierte de manera seria en proponer oferta competitiva. La persecución incesante resulta completamente estéril, como bien han demostrado casos como Napster o WikiLeaks. Perseguir o arrinconar a tus clientes no hace que te compren, hace que te odien.
• “La ley era un buen paso”: mentira. La ley era una barbaridad liberticida, creaba una justicia paralela al margen de los jueces y posibilitaba la censura. La comisión que proponía no era necesaria, y suponía un peligrosísimo precedente: los delitos contra la propiedad intelectual los juzgan los jueces, no un organismo dependiente del Ministerio de Cultura. Y menos si tenemos, como en bien sabido, un Ministerio de Cultura que no defiende la cultura, sino los intereses de la industria cultural.
• “Los políticos han hecho populismo barato, los internautas son un grupo de presión”: mentira. Por mucho que se empeñen en llamarnos “internautas” como si fuésemos de alguna especie rara, somos CIUDADANOS. Con acceso a la red, pero ciudadanos. Somos muchos, muchos más que ellos. Somos los que elegimos a los políticos, y a los que los políticos deben representar. Para un partido, hacer caso a la voluntad ciudadana expresada a través de la red no es algo indigno, como algunos pretenden, sino un ejercicio de democracia. ¿En qué tipo de democracia quieren vivir algunos? ¿En una en la que no se escucha a los ciudadanos? ¿O en la que solo se les escucha cada cuatro años? Los políticos no están para hacer lo que les dice “el amigo americano” ni los lobbies de la industria, por fuertes que puedan llegar a ser sus presiones. En España, la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. ¿Les suena?
• “Hay webs que generan millones de euros mediante publicidad y se lucran con contenido ajeno”: mentira. Hay páginas que se lucran con contenido ajeno, y si es así y están incurriendo en un delito, que venga un juez y lo diga. Pero desde luego, no generan “millones de euros” (hay que ser MUY ignorante para creerse esa falacia). Además, si generasen “millones de euros”, la industria lo tendría muy fácil: dedíquense a crear páginas iguales, y problema solucionado.
• “Han cerrado muchos videclubes”: normal, qué quiere que le diga… estaciones de postas para carruajes tampoco es que queden muchas. ¿De verdad esperaba un resurgir de los videoclubes gracias a la “ley Sinde”? ¿Cree usted en las hadas? ¿Y en los unicornios?
• “No se persigue el robo”: es que no es un robo. Gracias al cielo, no son ustedes los que tienen que decidir lo que es robo y no lo es, eso lo decide un juez. Por más veces que repitan una mentira, no se convierte en verdad. En España, todavía no ha aparecido ningún juez que diga que las páginas de enlaces son constitutivas de delito. Aquí tienen todos los casos recopilados, documéntense antes de hablar. Si todo aquel que cree tener razón pudiese estar por encima de los jueces, tendríamos un serio problema.
• Sobre el uso de insultos tales como “delincuentes”, “fechorías” o “piratería”, nada que decir. El que insulta ya se desacredita suficientemente a sí mismo.

Tras escuchar al vicepresidente del gobierno tras el consejo de ministros, veo que afirma sin ningún rubor que “lo volverán a intentar en los próximos días”, lo que seguramente quiere decir que volverán a intentar meter la “ley Sinde” de nuevo en la ley de economía sostenible en el Senado en forma de enmienda, tras haber buscado un mayor consenso con otros grupos parlamentarios. Las palabras del vicepresidente sirven como perfecta ilustración de muchos de los argumentos citados anteriormente: ha afirmado que “hay consenso sobre que en España no se puede permitir la piratería”, en un claro intento de criminalizar el comportamiento habitual de millones de ciudadanos. Otro que cree estar por encima de los jueces, que se siente con derecho a definir lo que es delito y lo que no lo es, y que se dedica a insultar a los ciudadanos. Tranquilo, los ciudadanos ya te lo cobrarán cuando llegue su momento.

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Ley Sinde: fin de la batalla, no de la guerra

Termina la primera batalla de la llamada “Ley Sinde” con su rechazo por una comisión del Congreso: de manera expresa, la comisión excluye la Disposición Final que contenía la “Ley Sinde” de la Ley de Economía Sostenible. La LES podrá ahora seguir su tramitación en el Senado, pero ya sin dicha disposición. Con esto se corrige el primer dislate que el gobierno español levó a cabo en su momento: incluir la “Ley Sinde” a traición como disposición final en una LES que nada tenía que ver con el tema. La famosa cena en la que los autocalificados eufemísticamente “creadores” celebraron “el gol que habían colado” se le atragantó ayer a más de uno.

Hemos tardado un año en corregir una acción de un lobby de poder. Pero no cantemos victoria: ese lobby tiene más vidas que un gato y más tentáculos que un pulpo. La LES pasa al Senado con la Ley Sinde convenientemente desactivada y extirpada, aunque podría darse el caso de que el PSOE volviese a intentar meterla como enmienda si logra consumar con algún otro grupo alguno de los pactos que a la desesperada intentó ayer (u otros). Sería harto improbable que un tema que hoy ocupa las portadas de todos los periódicos volviese a entrar por la puerta de atrás, pero no lo descartemos. Además, veremos múltiples intentos paralelos de atacar otra vez la libertad con el mismo procedimiento en otros estamentos (ya lo están anunciando), y de atacar mediante procedimientos presuntamente más duros, como decía “el lobo feroz que amenaza con perseguir a los internautas y comerse a nuestros niños”.

Lo importante: hemos conseguido, mediante la acción ciudadana, llamar la atención de manera importantísima sobre un asunto que, de otra manera, se habría aprobado sin ningún tipo de obstáculo. Los que dicen que “no ha sido la acción ciudadana, sino los intereses de los grupos políticos” obvian lo fundamental: la fortísima presión a la que la opinión pública ha sometido a todos los partidos, algunos de los cuales estaban recibiendo presiones también de muchísimo calado en el otro sentido, y que ha condicionado de manera clara sus actuaciones. Sin los miles de ciudadanos escribiendo, comentando, meneando, tuiteando y retuiteando, este tema no habría llegado jamás a las portadas de los periódicos, a las conversaciones de café, ni mucho menos a la agenda política: el lobby habría presionado, y habría conseguido sus fines sin más. Esto es lo realmente importante: la toma de conciencia de la sociedad civil de que su opinión puede realmente llegar a contar en la vida política, y la llamada de atención a los partidos de que no van a poder hacer las cosas al margen de dicha sociedad civil. Como, por otra parte, debe ser.

La tramitación de la “Ley Sinde” es un resumen de todo lo que es basura en la política. De cómo no hacer las cosas. Meter una disposición final “colando un gol”, irse a cenar con cava para celebrarlo, tramitar la ley ignorando las protestas de los ciudadanos, dejarse influenciar por las presiones de un gobierno extranjero y terminar votando el tema en una comisión en lugar de en un Pleno, a las diez y media de la noche y en un día antes de la Lotería es un procedimiento tan alucinante, tan de cloaca política, que debería conllevar el cese de su principal impulsora, por haber querido trasladar su trabajo de guionista a la política escribiendo un guión de película mala de espías.

Sinceramente, lo más importante para mí no es la “Ley Sinde” y el futuro – espero, malo – que pueda tener, sino la demostración de que en este nuevo entorno definido por la interconectividad de los ciudadanos, debe imponerse necesariamente otra manera de hacer política. Que lo de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo” ya no puede funcionar, porque el pueblo te va a poner tibio a base de protestas en la red y fuera de ella. Que la sociedad civil existe, y que cualquiera que sea el partido que lo quiera entender y empiece a gestionarse en base a ello, obtendrá sin duda un efecto pionero verdaderamente importante.

Ahora, a tomarnos un merecido descanso. A mis lectores habituales, disculpas por haber monopolizado casi exclusivamente el blog con un asunto que sin duda tenía una gran trascendencia, pero que nos ha distraído de nuestra habitual línea de análisis de la tecnología y sus efectos (aunque no haya dejado de ser un impresionante caso práctico de análisis del efecto de la red sobre la sociedad). Iremos retomando los temas habituales, los comentarios, y la normalidad. A todos, felices fiestas y muchas gracias por estar ahí.

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?Ley Sinde, sin transparencia?, en La Gaceta

Ayer a las cinco de la tarde escribí una columna para La Gaceta, que han titulado como “Ley Sinde, sin transparencia” (ver en pdf). A esa hora todavía no se sabía el resultado de la votación, así que dediqué la columna a hablar del vergonzoso proceso que ha rodeado a toda la tramitación de la ley: intentándolo a propósito para hacer el guión de una mala película, no se podría haber hecho peor. El paso de la “Ley Sinde” por el proceso legislativo fue oscuro, con perversos intereses económicos detrás provenientes de otros países y del nuestro, iniciado mediante el engaño y la introducción de tapadillo en una ley no relacionada, ignorando los intereses generales, y finalmente, tramitado en una comisión el día antes de la lotería de navidad.

Es la perfecta representación de la política que no queremos, de las cloacas del poder, de la falta de transparencia, de los lobbies feroces, de los turbios intereses. De la política que debe desaparecer. Transparencia YA.

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Las MENTIRAS del informe del gobierno

El gobierno sacó ayer a toda prisa este argumentario sobre la supuesta “tutela judicial” y “naturaleza garantista” de la Ley Sinde. El argumentario se ha incorporado también a la portada de la página del PSOE. Vamos a diseccionarlo un poco y a desmontar las MENTIRAS en las que deliberadamente incurre:

Empecemos por el título, ese en el que se afirma que “el gobierno no podrá cerrar webs sin previa autorización judicial”. El título ya es maniqueo y falso. Pero dejémonos de interpretaciones y documentemos esta afirmación: vayamos al documento A060-01 presentado en el Congreso, a su página 56, Art. 158, Párrafo 4º.

4. Corresponde a la Sección Segunda el ejercicio de las funciones previstas en los artículos 8, 11 y concordantes de la Ley 34/2002, para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información. Reglamentariamente se determinarán la composición y funcionamiento de la Sección y el procedimiento para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las acciones civiles o penales que, en su caso, pudieran corresponder a los titulares de los derechos de propiedad intelectual.

Ese texto no ha sido objeto de enmiendas. ¿Qué dice? Simplemente, que la supuesta “garantía judicial” del proceso es una patraña. La Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual estará compuesta por quien ellos digan, por lo que el Gobierno podrá imponer a la comisión lo que le interese. El Gobierno hará el reglamento, decidirá quién lo compone y el procedimiento legal de cómo es la denuncia y posterior tramitación de la misma.

Realmente, la figura del juez en la Ley Sinde funciona de la siguiente manera: llega la Comisión, llama a la puerta del despacho del juez, y cuando este dice “adelante”, se dan la vuelta, diciendo “ya te dije yo que diría que adelante”, y cierran las páginas web que estimen oportunas.

Pero vamos más allá: Citando textualmente el panfleto del Gobierno,

Para poder eliminar los contenidos ilegales de una web la disposición final segunda del Proyecto de Ley de Economía Sostenible establece un procedimiento mixto ágil y que garantice al máximo los derechos fundamentales. Este procedimiento mixto se articulará a través de la Comisión de Propiedad Intelectual y del sistema judicial español.”

Contenidos… ¿ilegales? Muéstreme un juez que diga que los contenidos son ilegales, porque por el momento no han podido encontrar todavía ninguno (y en su caso, serían como mucho “presuntamente ilegales”, digo yo).  Además, este “procedimiento mixto y ágil” vulnera claramente el derecho a la tutela judicial efectiva, al retirar a los jueces la potestad de ser ellos quienes deciden si hay vulneración de la propiedad intelectual y dejar esa decisión, que es nuclear, a la administración pública. La decisión la tomará no un representante de la Justicia, sino una parte interesada, que es la administración pública.

Dice la LES: reglamentariamente se determinarán la composición y funcionamiento de la Sección y el procedimiento para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. la LES no obliga a que el expediente pase ante un Juez, sino que, literalmente:

La ejecución de estos actos, en cuanto pueden afectar alos derechos y libertades garantizados en el artículo 20 de la Constitución, requerirá de la previa autorización judicial, de acuerdo con el procedimiento regulado en el artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.”

No hay lo que se denomina técnicamente “reserva de ley”, sino que el procedimiento vendrá dictado por el reglamento, tema del que emergen todos los miedos. Es exactamente la famosa cita del Conde de  Romanones: “haga usted la ley y déjeme a mí el reglamento”. En la práctica, puede pasar con este texto lo que pasó con el canon de los discos duros: la ley decía que los discos duros estarían exentos de canon en los términos que se decretara reglamentariamente, pero posteriormente el reglamento dijo que casi todos estaban sujetos.

Vamos con otro fragmento del texto:

La ejecución de estos actos, en cuanto pueden afectar a los derechos y libertades garantizados en el artículo 20 de la Constitución, requerirá de la previa autorización judicial”

Habla de la “ejecución de estos actos” (medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o para retirar los contenidos) por lo que en el plazo de cuatro días, ¿puede prepararse una defensa contra una acusación que lo mismo lleva 2 años estudiando la web? Se trata de un clarísimo caso de matonismo procesal contra la defensa. En cuatro días resulta de todo punto imposible obtener, por ejemplo, un informe pericial mínimamente serio, más aún preparar una argumentación y una defensa.

Como podemos ver, la “Ley Sinde” no solo está mal concebida, sino que plantea un escenario pavoroso: falta de garantías, poder omnímodo entregado a una comisión dependiente del Ministerio de Cultura (perdón… “Ministerio de Industria Cultural”, sí ese cuya Ministra pertenece a la misma industria ye stá encausada por evidentes incompatibilidades), e indefensión del acusado. Toda una joya, un auténtico liberticidio en toda regla.

Que los ocho diputados de la Comisión no digan que no lo sabían.

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En el Telediario de TVE, hablando de la ?Ley Sinde?

Estuve en el Telediario de TVE, hablando del despropósito que supone la aprobación de la “Ley Sinde”.

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En Radiocable, hablando de la Ley Sinde

Pilar de la Peña me llamó para hacerme una pequeña entrevista sobre la “Ley Sinde”, y la ha publicado en Radiocable bajo el título “Internet se incendia de nuevo ante la votación de la Ley Sinde este martes“.

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En la BBC, hablando de adolescentes y redes sociales

Margarita Rodríguez, de la BBC, me llamó para hablar de adolescentes y redes sociales, del concepto de protección, de los presuntos peligros de la red, y de la falta de referencias paternas en esa generación. El artículo se titula “¿Quién debe proteger a los adolescentes en internet?“.

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Preguntas y respuestas sobre la ?Ley Sinde? (mi versión)

Artículo escrito en contestación a uno del mismo título publicado por Ramón Muñoz en El País. Con posterioridad, el artículo ha sido aparentemente enmendado, la firma de Ramón Muñoz ha desaparecido del mismo, y ha recibido un enfoque algo más plural. El texto del artículo original repleto de inexactitudes y firmado por Ramón Muñoz está disponible aquí. A continuación, mis respuestas a las preguntas enunciadas en el mismo:

¿Cuándo nace la ley?

La Ley nace debido a las presiones del gobierno norteamericano sobre diversos estamentos de la administración española, como de manera clara y evidente revela la secuencia de documentos filtrados por WikiLeaks. Pretender que esta legislación fue de alguna manera “una idea española” es, sencillamente, insultar al sentido común, faltar al buen nombre del periodismo, y tomar a los lectores por imbéciles, algo indigno de un diario como El País. Tras las presiones de Estados Unidos, toda la tramitación de la ley ha sido la crónica de un atentado a la democracia: la “Ley Sinde” fue introducida de rondón en la Ley de Economía Sostenible sin tener nada que ver con la misma, se convirtió en el tema más polémico y que suscitó más contestación pública de todo su texto, y ahora se va a aprobar negando toda posibilidad de enmiendas, por la puerta de atrás, mediante una comisión de ocho diputados actuando por competencia legislativa plena, un mecanismo que debería estar reservado para temas menores.

¿Quién ha propiciado la ley?

La administración norteamericana, la misma que destina millones de dólares a la “educación” de jueces extranjeros. En muchos países, la concepción de la propiedad intelectual tiene mucho más sentido que el talibanismo imperante en los Estados Unidos: criminalizar las acciones de un porcentaje elevadísimo de los usuarios de la red es contrario al sentido común, y más cuando se demuestra que la compartición de obras se ha convertido en un “signo de los tiempos” de imposible erradicación y que no impide que los artistas sigan sosteniendo sus ingresos: muchos artistas, tras adaptarse al nuevo entorno, pueden de hecho ganar más dinero.

La ley es propiciada, pura y simplemente, por quienes han visto cómo los jueces, no en una ni en dos, sino en catorce ocasiones, han decidido que la actividad de las páginas de descargas no era constitutiva de delito. Dado que no están de acuerdo con la manera en la que los jueces españoles interpretan la ley, han decidido arrebatar la competencia a los jueces y tomarla por asalto mediante una comisión administrativa en manos del Ministerio de Cultura. Es decir, en manos de la parte interesada. Un clarísimo fraude de ley y un auténtico atentado a la democracia.

¿Quién se opone a la ley?

La práctica totalidad de la sociedad española se opone frontalmente a la Ley Sinde. La evidencia de manipulación y de burla a la ciudadanía que ha conllevado su tramitación ha irritado a amplios sectores de la sociedad, y algunos de los que la apoyan figuran entre los personajes más odiados de España, con sentimientos que se aproximan peligrosamente a la alarma social. El movimiento en contra de la Ley Sinde ha reunido a decenas de miles de internautas que han expresado su disconformidad y su protesta en la red: el manifiesto “en defensa de los derechos fundamentales en Internet” fue republicado en un número elevadísimo de páginas por todo lo largo y ancho de la red en cuestión de pocas horas, y el grupo en Facebook del mismo nombre agrupa a más de doscientas treinta mil personas.

¿Qué es la revuelta digital?

La revuelta digital no es ni más ni menos que la expresión de la disconformidad de cientos de miles de ciudadanos con este tema, unos con más visibilidad que otros. La revuelta digital puede en realidad verse en las conversaciones de café, en el día a día o en la expresión de miles de páginas de todo tipo en la red. El día, por ejemplo, que las páginas de descargas decidieron cerrar sus puertas anticipándose al efecto de la “Ley Sinde”, miles de ciudadanos acudieron a expresar su disgusto a las páginas destinadas a tal efecto.

¿Qué pretende la ley?

La ley pretende, lisa y llanamente, criminalizar una actividad que los jueces han dicho y reiterado que no era constitutiva de delito. La excusa es tan alucinante y antidemocrática como que “los jueces aplicaban mal el código penal”, como si hablásemos de “aficionados” o de “ignorantes”. La ley Sinde es uno de los mayores despropósitos legales que ha podido presenciar nuestra democracia, y además, ideada más allá de nuestras fronteras, para defender los intereses de una industria extranjera.

¿Cuál es el procedimiento para cerrar una web?

El procedimiento es completamente asimétrico: cuatro días para cerrarla, uno o dos años para afrontar un absurdo procedimiento de reapertura convertido en irrelevante porque en Internet, dos años después, ya nada vale la pena ni permanece donde estaba. Es una justicia paralela hecha a medida de las sociedades de gestión de derechos de autor, como si fueran miembros de otra casta que tienen su propios tribunales.

¿Podré seguir descargando archivos cuando entre en vigor la ley?

En realidad, que puedas seguir descargando o no es completamente irrelevante: la ley es un liberticidio. No estamos protestando por el derecho a descargar musica o películas, estamos protestando por un atentado a los derechos fundamentales. Con respecto a las descargas, la ley es tan profundamente idiótica y absurda que, en realidad, no servirá para nada. Las páginas que se cierren reabrirán en otros lugares, seguramente fuera de nuestras fronteras, y convertirán la red en un auténtico juego del gato y el ratón: los proveedores de contenidos recibirán demandas de bloqueo de direcciones IP, y las páginas irán cambiando su dirección IP a medida que sea bloqueada. Como bien decía Albert Einstein, “nada destruye más el respeto por el Gobierno y por la ley de un país que la aprobación de leyes que no pueden ponerse en ejecución“.

¿Qué páginas pueden verse afectadas?

Pretender que la Ley Sinde es “quirúrgica” y que está diseñada para atacar a “doscientas páginas web que provocan el 90% de las descargas” es algo que ofende a toda inteligencia. Primero, porque sería estúpidamente desproporcionado. Segundo, porque no se puede “confiar” en quien hace la ley y en los propósitos que dice tener con ella: una ley permanece en el tiempo, y podría ser utilizada por cualquier gobierno en el poder para los fines que estime oportunos. Cualquier página, independientemente de su naturaleza, puede ser afectada por una ley que, en realidad, construye un escenario idéntico al existente en países como China o Irán. La “Ley Sinde” es una auténtica “Ley de la patada en el router“.

¿Cómo se financian estas páginas?

El cómo se financian estas páginas es completamente irrelevante de cara a la ley. La ley permite cerrar cualquier página, independientemente de su mecanismo de financiación. Las entidades de gestión han alimentado absurdos mitos y cuentos de viejas sobre los miles de millones en publicidad que supuestamente ganan las páginas de descargas. En realidad, estas páginas tienen ingresos sumamente discretos. Si los ingresos de estas páginas fuesen tan elevados como las mentiras de la industria afirman, habrían encontrado el filón para su presunta crisis: hagan lo mismo que hacen ellas. Habría supuestos millones de supuestos euros para supuestamente repartir.

¿Y los sitios de almacenamiento (hosting) como Megaupload o Rapidshare?

Como cualquier página en la red, pueden ser afectados. La Ley Sinde no habla para nada del tipo de página ni define en modo alguno la naturaleza de las mismas, simplemente permite que una página pueda ser cerrada por la vía rápida si una comisión dependiente del Ministerio de Cultura así lo decide. Que pretendan hacer creer que van a por una lista de doscientas páginas – que no han sido capaces de cerrar mediante el recurso a los jueces, no lo olvidemos – no quiere decir que mañana cierren esta misma página que tienes delante de los ojos, o cualquier otra.

¿Seguirá funcionando los programas p2p como eMule o los basados en Bittorrent (Ares, Azureus, etcétera)?

Por supuesto. El drama de esta ley es que, en realidad, las descargas pueden continuar sin necesidad de repositorios de enlaces, debido a la evolución de los protocolos P2P. La actividad de intercambio es completamente imparable, y las paginas de descarga únicamente ofrecen repositorios de enlaces para hacer la tarea más sencilla, como lo haría cualquier buscador. Montar todo un esperpento legal y un moderno “tribunal de la santa inquisición” para supuestamente perseguir a doscientas páginas es algo tan absurdo que debería llevarnos a exigir la cabeza de la ministra de cultura.

¿Cuándo entraría en vigor?

Siguiendo el guión establecido por las presiones del “amigo americano”, la idea sería tener la legislación lista lo antes posible, es decir, alrededor de mayo del próximo año. Tras la vergonzosa aprobación “por la puerta de atrás”, es preciso que el texto vaya al Senado, donde esperemos que se produzca algo más de resistencia y sea devuelta al Congreso para su discusión, esta vez esperemos que en Pleno. Esto permitirá a la ciudadanía asistir a una discusión en la que todos los partidos tendrán que retratarse, y hacer frente a las reclamaciones de sus votantes. Tras ese paso, desarrollo de reglamento y promulgación. En el medio, está el desprecio a la Subcomisión de Propiedad Intelectual, que ha quedado completamente desautorizada, y una reforma de dicha propiedad intelectual obviamente necesaria y que debería dejar obsoleta esta ley. Pero como en España la justicia, la democracia y la separación de poderes se han convertido en elementos de política-ficción, pues vaya usted a saber.

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Entrevista en Wanabis

Ángela López, de Wanabis.com, me hizo una entrevista telefónica sobre temas variados – redes sociales, presencia en las mismas, activismo, educación, proyectos… Lo ha publicado hoy bajo el título “Quieren una población vigilada“.

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La estrategia del avestruz

Es rigurosamente falso que los avestruces entierren su cabeza en la arena, y la ilustración de la izquierda no es más que una recreación. Sin embargo, esa estrategia de ignorar la realidad por patente y evidente que sea es la consigna adoptada por los gobiernos de todo el mundo, el español entre ellos, para enfrentarse a las revelaciones de WikiLeaks.

La cuestión resulta curiosa: las comunicaciones reveladas por WikiLeaks son documentos oficiales, de imposible refutación. Quienes las revelan son cinco grandes medios de indudable prestigio, tomados habitualmente como fuentes de toda solvencia: Der Spiegel, El País, Le Monde, The Guardian y The New York Times, que lógicamente han hecho su trabajo de comprobación y verificación de fuentes previo a la publicación. Los documentos implican a personas concretas en acciones específicas y constitutivas de diversos delitos y faltas, algunas de ellas muy graves, cuando no de una absoluta falta de etica e indignidad.

Conspirar con una potencia extranjera para enterrar las reivindicaciones de la familia de un periodista asesinado, para mentir y engañar con datos falsos con el fin de conseguir una legislación favorable a una serie de intereses comerciales, para perjudicar los intereses de empresas españolas o para la infinidad de temas que las filtraciones de WikiLeaks han ido revelando suponen faltas graves, cuestiones que deberían conllevar el cese de varias personas en sus cargos de manera inmediata y fulminante. Sin embargo, la respuesta unánime de todos los gobiernos y de toda la diplomacia internacional ha sido la del avestruz: enterrar la cabeza en la arena, no decir absolutamente nada, y esperar a que escampe. Que los testimonios revelados por WikiLeaks sean ya conocidos por una inmensa mayoría de ciudadanos escandalizados, que estén copiados en miles de sitios web en todo el mundo o que resulte evidente que no van a ser enterrados por el devenir de la actualidad, sino incluidos en el acervo colectivo de los recuerdos y memorias de la ciudadanía durante generaciones es algo que no detiene su impresentable e incalificable actitud.

Los gobiernos se han convertido en Don Tancredo: subidos a un pedestal, con la cara pintada, y completamente inmóviles, a la espera de que el toro los ignore, se dé la vuelta y les permita seguir con sus turbios manejos, con toda esa serie de excesos de autoridad que van mucho más allá de aquello para lo que los elegimos, de los poderes que legítimamente les permitimos ejercer. Los gobiernos han decidido olvidar quién los puso ahí, a quién se deben, quién los vota y los designa. Y quién debería tener el legítimo derecho de retirarles la confianza, algo completamente lógico y justificado en virtud de todo lo que hemos podido ver durante estos dias. Si los gobiernos no reaccionan, si deciden adoptar el silencio por toda acción, tomarnos por completos idiotas que no se enteran de la gravedad real de las cosas, los que tenemos que reaccionar somos nosotros, la ciudadanía. No esperar a que, como pretenden, la indignación se pase. No hacer el juego a su absurda estrategia del avestruz. Reaccionar ya. No esperes. Reacciona.

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Gran momento para releer 1984

No sé cuándo tuviste oportunidad de leer 1984, una de las obras más visionarias e impresionantes de George Orwell, pero tanto si no la has leído como si lo hiciste hace tiempo, te costará encontrar una mejor ocasión para hacerlo. No es un recurso retórico: si no leíste aún 1984, hazlo ya. Tienes librerías para comprarlo, infinidad de sitios de donde bajarlo cómodamente, y unas vacaciones por delante. Si ya lo leíste, pero fue, como muchos, cuando te lo recomendaron en el bachillerato o hace años, es el momento de releerlo.

Una nota de Vint Cerf en el blog oficial de Google alerta acerca de lo que sin duda se ha convertido en la deriva más preocupante para todos los que consideramos la red una parte importante de nuestras vidas: el progresivo intento de toma de control de la misma por parte de los gobiernos, tomando posiciones en los organismos de control y planteando esquemas completamente antinaturales frente a la naturaleza intrínsecamente abierta de Internet.

La toma de control de los gobiernos sobre la red se está estructurando a través de múltiples frentes: pretenden gobernar a qué páginas vamos, a qué podemos y no podemos enlazar, qué se puede descargar, incluso qué puede o no transmitirse y a qué velocidad puede hacerlo. Debates como el de la propiedad intelectual o el de la neutralidad de la red esconden una realidad evidente: estamos dejando que decisiones importantísimas y con un marcado componente intervencionista recaigan en manos de ignorantes, imbéciles y desinformados, manipulados además por intereses comerciales perversos, por demandas absurdas o cortoplacistas que amenazan con hipotecar el futuro del más importante instrumento de libertad que la humanidad ha diseñado desde que salió de las cavernas.

Las amenazas que se ciernen sobre la red son serias, muy serias. No estamos hablando de si podremos o no bajarnos música o ver películas y series en la web. Estamos tomando decisiones que condicionan muy seriamente en qué manos ponemos la innovación, la generación de valor, nuestras libertades más básicas y fundamentales, nuestro desarrollo como sociedad. Frente a poderes enormemente estructurados, con ilimitados recursos económicos y llegada a todos los estamentos del poder, solo estamos nosotros: ciudadanos, usuarios de la red, voces dispersas, buenas intenciones y voluntades aparentemente imposibles de alinear. Un poder que se aleja de los ciudadanos, pero que mantiene intacta su capacidad de determinar sus destinos con manipulaciones burdas, leyes que se aprueban de puntillas, injusticias manifiestas y fraudes de todo tipo. Un poder mediatizado, desprestigiado, italianizado, opaco, esclavo de mil intereses bastardos, incapaz de ilusionar o convencer, perteneciente a una generación perdida incapaz de entender la red o lo que ésta significa.

De esta no nos va a sacar nadie, solo nosotros mismos. ¿Estás ahí, o prefieres perderte en discusiones bizantinas que terminarán siendo completamente irrelevantes? Léete 1984 y mira lo que se nos viene encima. ¿Hay alguien? ¿Alternativas?

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?Bajeza política?, mi columna en Expansión

Mi columna de esta semana en Expansión se titula “Bajeza política” (ver en pdf), e intenta plasmar hasta qué punto el gobierno agota nuestra capacidad de sorpresa pretendiendo aprobar una cuestión enormemente polémica y de gran importancia a través de un mecanismo como una comisión con competencia legislativa plena, una auténtica “puerta de atrás” para pasar de puntillas sobre un asunto en el que los políticos legislan abierta y directamente en contra de los intereses de los ciudadanos para favorecer los intereses económicos de una industria extranjera.

En el mismo sentido, me ha parecido riguroso y magistral el articulo de Antonio Delgado, “Desmontando paso a paso la Ley Sinde“. Y conviene leer también la página que Hacktivistas ha dedicado al tema, titulada muy adecuadamente Sindegate.

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Entrevistado por Mar Amorós

Mar Amorós me llamó para grabar una entrevista para su programa de radio, hablando de neutralidad de la red, WikiLeaks y otros temas de actualidad. Lo enlaza Carlos Navarro.

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La ?Ley Sinde? y la soberanía nacional

Inspirado por la entrada sobre la Ley Sinde y “la puerta de atrás”. Muchas gracias, Mermadon. Al hilo del tema, Víctor R. Ruiz escribe en su Linotipo una buena entrada, la tercera de la serie, titulada “Wikileaks y Ley Sinde: El plan internacional (III)“, de lectura recomendable para contextualizar el tema.

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Entrevista en Luz de Gas RadioBlog

Juan Duque me entrevistó ayer a las 18:00 para Luz de Gas RadioBlog, hablando de muchos temas que nos preocupan ahora en estas fechas pre-navideñas. Lo ha titulado “Pesadilla antes de Navidad“.

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Estos son los diputados de la Comisión que puede aprobar la Ley Sinde

Dentro de la alucinante burla a la ciudadanía que supone el proceso de aprobación de la Ley de Economía Sostenible, reducido aparentemente a un simple trámite que sigue las instrucciones directas de los Estados Unidos y que nos obliga a plantearnos a quién y a qué fines sirve nuestro gobierno, el siguiente paso es la votación de la Comisión de Economía. Según el mecanismo previsto, al tener dicha comisión competencia legislativa plena, basta con que se obtenga el voto afirmativo del 51% de los diputados para que la ley sea aprobada sin más trámite, sin pasar por el Pleno, sin discutir ni incorporar enmienda alguna, “tal y como quiere el Señor Embajador”.

¿Cómo están las posiciones iniciales? El PSOE, obviamente, es el proponente de la Ley de Economía Sostenible, y el artífice de que la vergonzosa disposición final conocida como “Ley Sinde” que reformula la justicia española para hacerla a medida de las entidades de gestión de derechos de autor esté donde está. Por ese lado, mejor no hablamos. Coalición Canaria y Partido Nacionalista Vasco han vendido su voto afirmativo sin hacer siquiera mención  a la disposición final, a cambio de variadas transferencias: han vendido la libertad en Internet a cambio de un maldito plato de lentejas. Y CiU simplemente ha mencionado que la comisión que se dedique a cerrar webs a mansalva esté equilibrada en su composición y que se ejerza “un poco de vigilancia sobre las entidades de gestión”…

La aritmética está clara: para lo que quieren perpetrar, les llega. Estos son los nombres, apellidos y correos electrónicos (los que puedo conseguir, si tienes alguno de los que faltan dímelo en los comentarios) de los ocho diputados que van a votar en la comisión:

Azpiazu Uriarte, Pedro María (GV (EAJ-PNV)) – pedro.azpiazu@diputado.congreso.es
Buenaventura Puig, María Nuria (GER-IU-ICV)
Colldeforns i Sol, Mª Montserrat (GS) – mcolldeforns@diputada.congreso.es
Gastón Menal, Marta (GS) – marta.gaston@diputada.congreso.es
Montoro Romero, Cristóbal Ricardo (GP) – cristobal.montoro@diputado.congreso.es
Oramas González-Moro, Ana María (GMx)
Sánchez i Llibre, Josep (GC-CiU)
Tomé Muguruza, Baudilio (GP) – baudilio.tome@diputado.congreso.es

De estas ocho personas depende que la justicia española cambie para convertir Internet en un estado policial, en el que la competencia de cerrar una página web deja de estar en manos de los jueces y pasa a ser ejercida por una comisión dependiente del Ministerio de Cultura. Como no les gustaba lo que decían nuestros jueces en aplicación del derecho español, va y los cambian: les quitan las competencias, y se las dan a esa comisión. Estos ocho diputados tienen en su mano parar uno de los mayores liberticidios que hemos podido presenciar en España.

Es FUNDAMENTAL que nos movamos. Si conoces o tienes llegada de alguna manera a esos diputados o a esos partidos, habla con ellos Arguméntales, explícales, escríbeles, haz que se enteren: no es lógico votar sin rechistar lo que dice “el amigo americano”, lo que nos trae no es ni mucho menos lo mejor para nuestro país, ni representa en modo alguno la voluntad ciudadana. Sean del partido que sean, escríbeles, explícales, reclámales, diles que su obligación es representar a la ciudadanía de su jurisdicción, a aquellos que les votaron, no a los intereses económicos de la industria cultural.

Lo que se nos viene encima en menos de una semana es una ley injusta, escrita al dictado por los Estados Unidos, que no nos conviene, que construye una auténtica “justicia a medida” de las entidades de gestión de derechos de autor. Inmediatamente tras su tramitación, empezarán a circular listas de páginas denunciadas, y éstas empezarán a caer una detrás de otra, sin ningún tipo de miramiento. El siniestro plan para acabar con la libertad en Internet urdido por las multinacionales del entretenimiento norteamericanas se habrá fraguado en los plazos indicados, con la total anuencia de la ministra de industrias culturales y del gobierno español, mientras los ciudadanos nos dedicamos a lamentarnos, a escandalizarnos y a plantearnos si será una rosa o será un clavel.

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La Ley Sinde, por la puerta de atrás

Los eventos relacionados con el trámite parlamentario de la tristemente famosa y mal llamada Ley Sinde amenazan con dejar a los españoles sin capacidad para la sorpresa: no solo nos enteramos de que en realidad fue escrita y diseñada por presiones de gobierno estadounidense, sino que además, pretenden ahora hurtar la discusión parlamentaria y colárnosla por la puerta de atrás.

Una filtración de ayer por la noche, comentada ya en La Información.com, afirma que el gobierno se prepara para aprobar la Ley de Economía Sostenible, con su siniestra Disposición Final, el próximo día 21 de diciembre, y mediante un procedimiento que podríamos definir como una auténtica “puerta de atrás”: una única reunión de la Comisión de Economía que, por competencia legislativa plena (votación únicamente de los miembros de la comisión), evitaría la discusión en la que podrían salir aspectos e inquietudes que pretendiesen modificarla. El tema es particularmente grave tratándose precisamente de la Ley de Economía Sostenible y de su siniestra disposición final, un texto introducido de manera completamente irregular en la Ley por los lobbies de intermediarios de la propiedad intelectual, debido a un plan cuidadosamente diseñado por los Estados Unidos, y que, debido a la escasa o nula relación que tiene con el resto del articulado – usa la LES como auténtico “contenedor” – podría recibir algún tipo de contestación del resto de los grupos.

Además, se da el caso de que hablamos de un asunto abierta y claramente polémico ya ha inflamado la red en varias ocasiones: este gobierno ya demostró su vocación por la oscuridad y las puertas de atrás cuando aprobó mediante este mismo mecanismo la reforma laboral en pleno agosto, y ahora repite jugada intentando quitarse del medio la “Ley Sinde” el día antes de las vacaciones de Navidad, y mediante un procedimiento que habitualmente se aplica a “proyectos de poca importancia para aliviar de trabajo al pleno, que se dedicaria a los proyectos mas importantes”. Simplemente alucinante. E indignante.

¿Por qué se usa un procedimiento como este para la Ley Sinde? Muy fácil: porque el gobierno de los Estados Unidos lo ha exigido así. En este cable filtrado por WikiLeaks se lee clara y literalmente en el Punto 6 cómo el Embajador advierte al gobierno que no quiere que la Ley se modifique debido al proceso de enmiendas:

Ambassador said the USG wants to see the legislation move forward in Congress and not be weakened in the amendment

Esto es un gobierno que ha decidido plantarse delante de la ciudadanía y decir: “haremos lo que nos dé la gana, estáis al margen de esto, lo que opinéis nos trae sin cuidado”. Atención al procedimiento: colamos una disposición final en una ley no relacionada, negociamos el apoyo a dicha ley sin que ese tema salga para nada, y la aprobamos en una comisión. Impresionante tomadura de pelo: por la imposición de un estado extranjero, nos cuelan por la puerta de atrás una enorme mentira destinada a torpedear directamente la línea de flotación de los derechos fundamentales de los usuarios de Internet.

¿Nos vamos a quedar así, con cara de imbéciles?

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