La ?ley Sinde? no es una cuestión de honor

Este fin de año ha sido sin duda movido para la mal llamada “ley Sinde” (o “ley Biden-Sinde“, como más propiamente comienzan a denominarla algunos).

Ahora, cuando vivimos ya las últimas horas de la década, las perspectivas para el comienzo de la siguiente en lo referente a este tema son de todo menos halagüeñas: todo indica que el gobierno, tras sacar a sus pesos pesados en defensa unánime de la ley, está negociando a toda máquina un acuerdo con diversas fuerzas parlamentarias para lograr reintroducir en el Senado la “ley Sinde” dentro del texto de la ley de Economía Sostenible, en una abierta burla a los deseos de una ciudadanía que de manera aplastante se manifestó en contra de dicha inclusión.

Llama especialmente la atención la postura del Partido Popular, en donde todo apunta que el planteamiento es ahora rebajar el tono de sus enmiendas a cambio de obtener la retirada del canon como forma de salvar sus planteamientos, como si la política se hubiese convertido en una triste cuestión de honor o se viese reducida a un tema de imagen. Es decepcionante: yo salvo mi honor porque apruebo la ley en la que me empeñé, tú te presentas como el que logró la eliminación del canon. Triste, porque entre honores de unos e imagen de otros nos estamos jugando cuestiones mucho más importantes que el honor o la imagen: nos jugamos cosas como nuestros derechos fundamentales o el futuro económico de nuestro país.

La cosa llama muchísimo más la atención tras ver el resultado de la reunión organizada por Alex de la Iglesia, presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, con un grupo de ciudadanos: un comienzo verdaderamente ilusionante de diálog0. En tres horas de reunión se avanzó muchísimo más que en un año de intentos de imposición de leyes liberticidas.

No, la “ley Sinde” no es, no debería ser en ningún caso una cuestión de honor ni del “salvar la cara” de nadie. La “ley Sinde” debería servir para que el gobierno, para que los políticos en general, se planteasen que seguir por la vía que emprendieron hace ahora algo más de un año es una manera de gastar esfuerzos inútilmente, de aprobar leyes que no van a servir para nada, de enfrentarse directamente con la ciudadanía, de faltar a su deber de representación de los ciudadanos, y de perder votos. Nada bueno puede salir de la “ley Sinde” que no sea la dimisión de su proponente, de quien le da nombre y de quien, en realidad, jamás debió llegar al cargo que ocupa. A partir de ahí, iniciar conversaciones de cara a remodelar el concepto y la ley de propiedad intelectual, y trabajar de manera constructiva con los ciudadanos, no en contra de su voluntad, intereses y necesidades.

La reunión en la Academia debería ser un buen comienzo, no un esfuerzo aislado y abortado por los políticos de turno en busca de la preservación de “su honor”. Paremos este absurdo proceso, presionemos el botón de “Reset”, e iniciemos de nuevo la discusión con las premisas adecuadas y escuchando a todas las partes. Ese, y no otro, debería ser el papel de un gobierno que pretendiese servir a sus ciudadanos. Hay mucho que ganar en un planteamiento maduro y reposado de esta discusión. No debería ser mucho pedir a un gobierno que dejase de comportarse como un niño obstinado y malcriado, y empezase de verdad a interpretar su labor como debería ser en una democracia que se precie. Menos “honor”, menos “salvar la cara”, y más avanzar de verdad en la resolución del problema, por favor.

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