El lobby del copyright ataca de nuevo

El timing coincide perfectamente: el pasado 22 de enero, Christopher Dodd, el mandamás de la Motion Pictures Ass. of America (MPAA), mantuvo una “reunión privada” y a puerta cerrada con Mariano Rajoy en La Moncloa, cuyo contenido no trascendió. Al poco tiempo, la Asociación de Internautas obtiene este impresentable y alucinante documento de reforma de la ley de Propiedad Intelectual que pretende nada menos que criminalizar el enlace, limitar los supuestos de copia privada, y universalizar el pago del canon, todo en uno.

Realmente, pensar que pudiésemos esperar algo decente del gobierno que aprobó la ley Sinde en su primer consejo de ministros, del que puso a Jose Ignacio Wert en su puesto o a Lassalle como secretario de Estado de Cultura era demasiado esperar. Este gobierno no solo no entiende la red ni la entenderá en su vida, sino que está asquerosamente acostumbrado a una servidumbre mansa a lobbies económicos de poder que pasan por la puerta a decir eso de “qué hay de lo mío”: viene Christopher Dodd, cuyo único mérito aparte de ser profundamente corrupto es el de dirigir la asociación de productores de películas norteamericana, y se reúne en secreto y a puerta cerrada con el presidente del gobierno, reunión monotemática que el presidente del gobierno jamás ha tenido con quienes defienden posturas alternativas o visiones diferentes sobre ese tan interpretable tema llamado propiedad intelectual. Rápidamente tras la reunión, el gobierno se lanza a una reforma de la ley de propiedad intelectual que, lejos de pretender adaptarla a unos tiempos actuales muy diferentes al momento histórico en el que fue concebida, pretende blindar el negocio de quienes criminalizan a los ciudadanos, persiguen la difusión de la cultura, estrangulan a los creadores y pretenden sostener derechos exclusivos en las condiciones que estimen oportunas en cada momento. Es la propuesta de reforma más absurda, corrupta e impresentable que se nos podía presentar, escrita directamente de puño y letra por las entidades de gestión de propiedad intelectual y por las asociaciones de empresas del gremio.

En cualquier país decente, la visita de Christopher Dodd llevaría a la gente a palparse la cartera. En este, le recibe el presidente del gobierno en secreto y a puerta cerrada, y le promete una reforma de la ley de propiedad intelectual que únicamente favorece a sus intereses, atropellando derechos fundamentales de los ciudadanos y pasándose por el forro la presunción de inocencia. Lo esbozado en el supuesto documento de reforma es una de esas leyes de imposible cumplimiento, pero está clarísimamente delineada por quienes se han enfrentado al tema en cientos de ocasiones anteriores para poder alambicar la cuestión de la mejor manera para sus intereses, con absoluto desprecio al sentido común y a la evolución natural del escenario. No, lo “normal” no es seguir tratando de proteger los intereses comerciales de quienes distribuyen la cultura de la mejor y más sólida manera posible: lo que hay que hacer es proteger a los creadores, no a quienes los estrangulan. A los que crean, no a los que se quedan con porcentajes enormes y abusivos de sus beneficios por la comercialización. Se debe proteger el derecho de los ciudadanos de acceder a las obras de manera razonable, no el que este acceso únicamente pueda llevarse a cabo de la manera que proponga la industria de turno. Las ventanas absurdas de explotación, las condiciones abusivas, la falta de oferta y las legislaciones a medida no deben ser consagradas ni protegidas, sino penalizadas.

Y sobre todo, no debe interpretarse que lo mejor para la industria norteamericana es lo mejor para la cultura española, porque claramente no es así. Que los actores principales en la industria cultural española sean empresas norteamericanas o se deban a ellas no quiere decir que la cultura española se beneficie de un escenario más restrictivo, antes bien al contrario. La cultura española podría beneficiarse enormemente de un escenario más abierto, de una visión reformista y moderna, de una empatía con la sociedad en lugar de una especie de macropersecución absurda. La ley Sinde y el disfuncional escenario generado por la misma, como en el caso de su prima cercana Hadopi, solo han conseguido que Francia y España sean, en ese orden, los países con mayor número de devotos del nuevo Mega y de Kim Dotcom: no busquemos causas, busquemos efectos.

Con este nuevo documento filtrado tenemos la evidencia: este gobierno solo va a seguir luchando contra la red y sus usuarios. El mismo gobierno que opina que “no puede ponerse todo en Twitter“, al que le gustan las reuniones a puerta cerrada, los inhibidores de frecuencias, que no aprueba la ley de transparencia o pretende descafeinarla hasta el límite de no poder superar las exigencias de ningún comité internacional. Ese gobierno es el que nos viene ahora con una reforma de la ley de propiedad intelectual sobre la que si algún día tuvimos dudas, debemos ir despejándolas rápidamente: va a ser una aberración impresionante al servicio de los lobbies que se dedican a explotarla, en contra de los tiempos, de los intereses de todos, y del sentido común.

Una vez más, aunque suene ya cansino, hay que volver a este tema. Con fuerza. A ponerse las pilas…

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