Aquellos que sacrifican libertad por seguridad no merecen tener ninguna de las dos.”
La frase de Benjamin Franklin es para mí la mejor manera de expresar la peligrosísima deriva liberticida que está surgiendo en el Reino Unido a cuenta de las revueltas de hace una semana: el más claro intento del poder político de secuestrar la libertad de expresión y comunicación de los ciudadanos, amparándose en la necesidad de proteger una seguridad que en absoluto aparece amenazada por el medio de comunicación, sino que es consecuencia de una mala gestión política sostenida durante años.
A medida que en democracias occidentales supuestamente consolidadas como Noruega y el Reino Unido se reclaman medidas como la suspensión de los servicios de la red o la monitorización activa y preventiva de los ciudadanos, los estados autoritarios que llevan años desarrollando esas mismas medidas se frotan las manos. El espectáculo de ver al gobierno chino elogiando la dialéctica de David Cameron en el Reino Unido es sencillamente patético: Países como China o Irán, cuya censura y control de la ciudadanía han sido criticadas en Occidente durante décadas, convertidas de repente en modelo de conducta.
El contrasentido es obvio: no se arremete contra las redes sociales por su capacidad de generar alarma, porque dicha capacidad es muy superior todavía en los medios de comunicación tradicionales. Lo que se hace es intentar controlar la inherente bidireccionalidad de unos medios que los políticos temen, poniendo como excusa la inseguridad. Se pretende plantear un falso dilema, vender las redes sociales como algo cuya interrupción no supone una ruptura de derechos fundamentales, porque son utilizadas por muchos para funciones de comunicación no esencial: “no se va a caer el mundo porque no podáis twittear o poder subir fotos al Facebook, pero puede servir para detener un grave disturbio”. Mentira. La interrupción de una forma de comunicación utilizada por los ciudadanos es un atentado a la libertad de expresión de estos, es censura, y no puede ser planteada por el Estado en ningún caso – o en caso de ser estrictamente necesario, bajo muy estrictos controles.
En un estado democrático, la tecnología debe servir para que los ciudadanos controlen a los poderes públicos, no al revés. La idea de una policía monitorizando preventivamente las redes sociales para interrumpir cualquier posible conato de rebeldía resulta completamente orwelliana, repugnante e inaceptable, por muchos problemas de seguridad que se pretendan impedir. Ese fin no puede ser utilizado para justificar esos medios. Aparte, por supuesto, de las evidentes posibilidades de falsos positivos y daños colaterales: un país plagado de cámaras de vigilancia en el que no puedes utilizar Facebook para planear una batalla de pistolas de agua sin que la policía caiga sobre ti es, sencillamente, una democracia enferma.
Al final, lo que estamos viendo un uso torticero de las revueltas de la semana pasada por parte de los poderes públicos británicos para justificar un mayor nivel de control sobre la ciudadanía. Como bien dijo Julian Assange, los participantes en las revueltas británicas estaban en realidad, sin saberlo, haciendo un favor al Gran Hermano. Decididamente, las cosas no deben ser así. Los ciudadanos británicos no deben permitir eso. El uso de la violencia debe ser categóricamente rechazado, pero su prevención no puede venir a expensas del derecho fundamental de los ciudadanos a la comunicación.
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Si después de hacer tu comentario este no aparece, no se trata del espíritu de Dans que anda censurando también aquí, es que se ha quedado en la cola de aceptación. Sacaré tu mensaje de ahí tan pronto como pueda, si bien el supersistema este tampoco me avisa de estas cosas, por lo que tengo que estar entrando cada cierto tiempo a ver si hay alguno esperando. Un inventazo, vaya.