Sobre política, secreto y transparencia

El Mundo publica hoy un artículo de Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal de la UCM, en el que defiende la publicación de la ya famosa foto del teléfono móvil de Rubalcaba mostrando un mensaje de texto, hecha por Alberto Cuéllar en el Congreso de los Diputados.

La publicación de la fotografía en la portada de El Mundo el pasado miércoles 21 de diciembre motivó que el presidente del Congreso, Jesús Posada, encargase a los servicios jurídicos de la Cámara un informe sobre la colisión entre los derechos a la información y a la intimidad, que culminó con una instrucción de la Presidencia de la Cámara, adoptada con el parecer unánime de la Mesa, que anunciaba la posible retirada de la acreditación durante un año a los fotógrafos de prensa que, al desempeñar su trabajo, vulnerasen los “derechos fundamentales” de los diputados, como podría suceder con la difusión de los documentos que manejan en sus escaños o de los mensajes recibidos en sus móviles.

Además de los aparentemente claros pronunciamientos jurídicos contra esta medida, creo que el debate debería servir para hacer una reflexión sobre la transparencia en la vida política de nuestro país. España es, a día de hoy, el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no tiene una ley de transparencia y acceso a la información pública. Puedes ver argumentos al respecto en esta página, Ley de Transparencia YA, o firmar una petición para su aprobación urgente en Actuable. Pero sobre todo, debemos no solo pedir una ley de transparencia… debemos hacer que la cosa vaya mucho, mucho más allá. Debemos obligar a introducir una cultura de transparencia radical en toda la vida política.

Contrariamente a lo que ocurre en la mayoría de los países civilizados, en España parece que los políticos pretenden que las cosas se hagan siempre en el más riguroso secreto. Encerrarse en una habitación, y “cocinar” la política como les venga en gana. Que los medios de comunicación “molesten” con sus fotos o sus impertinentes averiguaciones les resulta inaceptable. Que los ciudadanos pretendan influir en sus decisiones desencadena una reacción que lo califica en el diario de sesiones como de “factores externos que degrada la imagen y el trabajo de la Cámara“. En un país como el nuestro, en el que los escándalos de corrupción surgen todos los días, la falta de transparencia de la vida política resulta prácticamente insultante.

No cabe duda: existen decisiones en la vida política para las que el secreto es necesario. Para ello existe una ley de secretos oficiales, que regula que los órganos del Estado estarán sometidos en su actividad al principio de publicidad, de acuerdo con las normas que rijan su actuación, salvo los casos en que por la naturaleza de la materia sea ésta declarada expresamente clasificada. Pero ¿por qué la agenda de un Consejo de Ministros o las deliberaciones que tienen lugar en el mismo deben ser secretas? ¿Por qué juran o prometen los ministros expresamente “respetar el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros? ¿Cómo puede entenderse que un juez, en virtud de las necesidades de una investigación, no pueda reclamar, por ejemplo, las actas de la Junta Andaluza? ¿Por qué razón los ciudadanos tienen que aceptar que sus teóricos representantes deliberen en secreto sobre cuestiones que claramente les atañen?

Tras muchísimas resistencias, desde hace poco tenemos constancia del patrimonio de los cargos públicos. Ha costado mucho, pero no es suficiente. Los ciudadanos exigimos saber a qué dedican su tiempo los políticos, con quiénes se reúnen, de qué hablan, qué información solicitan, en base a qué se condicionan sus decisiones, qué prometen a quién y a cambio de qué. La vida pública española es de todo menos pública, y ahora resulta que viene el presidente del Congreso y pretende expulsar durante un año al fotógrafo que tome una foto de un teléfono móvil o de un documento dejado sobre un escaño, en un obvio intento de provocar la autocensura.

No, las cosas no pueden ni deben ser así. Un representante del pueblo debería ser, por ley, completa y rigurosamente transparente, responder a toda pregunta que se le haga, y no ampararse en “su intimidad” o en “el secreto” para hurtar información a los ciudadanos. En este país se están haciendo las cosas muy mal en ese sentido desde hace mucho tiempo, y ahora parece que, amparándose en una supuesta mayoría absoluta y con la excusa de “hay que gobernar”, se quieren hacer aún peor: menos transparencia, más secreto, menos explicaciones, y todo con cara de “no me molesten, que estoy salvando a la patria”. ¿Intimidad? Lo siento, mientras sea representante de los ciudadanos, tendrá que renunciar a todo aquello que no sea del más puro y estricto ámbito personal. Con quién se reúne y de qué habla no entra dentro de su intimidad si lo está haciendo como representante de los ciudadanos. Y si para ello hay que cambiar la Constitución, será cosa de ponerse cuanto antes manos a la obra. A ver quién es el que se opone y, sobre todo, qué razones aduce para ello.

En un escenario de lacerante corrupción institucionalizada, pretendemos todavía dedicarnos a poner más trabas a la información. No, gracias: ya hemos visto que “política secreta” equivale a “política sucia”, y no queremos más. Hablamos de una información que deberíamos tener de manera inmediata y transparente ofrecida desde las propias instituciones, y que no solo no tenemos, sino que se pretende limitar todavía más. Políticos que engañan miserablemente a su pueblo ocultándoles influencias externas que determinan la aprobación de leyes, como si para los ciudadanos no fuese relevante. Si el político quiere jugar a James Bond y sentirse importante porque las cosas son “solo para sus ojos”, que se dedique a otra cosa, por favor. En pleno siglo XXI y con abundancia de tecnología para saber dónde se está y qué se está haciendo en cada momento, los ciudadanos, cada día más, exigimos transparencia radical.

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