La neutralidad? del dinero

Es sin duda una de las discusiones más relevantes del momento a la que podríamos dar el nombre de “neutralidad del dinero”: hasta qué punto es lícito que una serie de compañías que utilizamos de manera generalizada para hacer nuestros pagos no solo en la red, sino también fuera de ella, puedan decidir, en función de los criterios de un gobierno determinado, no procesar pagos en favor de una empresa determinada. Una empresa contra la que además, en el caso de Wikileaks que ejemplifica esta cuestión, no existía ninguna acusación o condena formulada.

Pues a pesar de la evidente relevancia de la discusión, la Comisión Europea ha rechazado discutir la queja presentada por Wikileaks con respecto a la posible infracción de legislación antimonopolio y vulneración de la libre competencia que supuso el bloqueo bancario extrajudicial impuesto por Visa, Mastercard, PayPal y otras a esta organización, y que conllevó la paralización de fondos por un importe superior a los cincuenta millones de dólares.

Que un gobierno, en virtud de sus intereses, pueda bloquear la actividad de una compañía no radicada en su jurisdicción recurriendo a la asfixia económica es algo que evoca claramente cuestiones como la justicia universal o el policía del mundo. Resulta absolutamente fundamental que este tipo de acciones sean reguladas para poner freno a actuaciones como esta. El estrangulamiento de las donaciones a Wikileaks puede ser importante en sí mismo por lo que significa de freno a un proyecto cuyas actividades son consideradas por muchos como una importantísima contribución a la transparencia, pero lo es más si consideramos lo que supone, de cara al futuro, que la amplia mayoría de los medios de pago estén bajo el control de empresas que pueden responder así ante las presiones de un solo gobierno.

La prueba es clara: para Wikileaks ha resultado prácticamente imposible financiarse una vez que el bloqueo, llevado a cabo al margen de toda ley, se hizo efectivo. Actualmente existen formas de hacerlo, pero fue preciso dar muchas vueltas y buscar muchos subterfugios para hacer dichas donaciones posibles. Mientras no se obligue a aquellas empresas aceptadas como medios de pago a procesar todos aquellos flujos económicos que no respondan a actividades perseguidas judicialmente, la situación será susceptible de ser utilizada para cualquier fin que al gobierno de los Estados Unidos le interese, con todo lo que ello conlleva en términos de transnacionalidad de la justicia o de amenazas a la libre competencia. En el mundo, aparentemente, hay que aceptar una premisa a todas luces inaceptable: que solo se puede competir y llevar a cabo actividades económicas si el gobierno de los Estados Unidos está de acuerdo con ello.

Una situación que coloca a empresas como Visa, Mastercard o PayPal en la posición de ser los supuestos “guardianes morales” de nuestras transacciones; “a este le puedes dar dinero, a este no”, pero en funcion no de nuestras hipotéticas convicciones morales, sino únicamente de las que ellos decidan abrazar en cada momento.La doble moral es evidente: puedes utilizar tu tarjeta de crédito para financiar a sectas, a grupos que fomentan el odio interracial, a cualquier actividad de explotación de las personas como la prostitución, a lo que buenamente quieras… pero no a Wikileaks. Y además, el que no puedas hacerlo no proviene de un fallo judicial, sino simplemente de “presiones”. Presiones que pueden, de un día para otro y como pudimos ver en el caso Wikileaks, dejarte sin presencia en la red y sin acceso a fuentes de financiación.

Prescindir de los servicios de este tipo de empresas en la sociedad actual resulta prácticamente imposible. Yo di de baja, no sin dificultades, mi cuenta de PayPal tras comprobar que no podía utilizarla para hacer donaciones a Wikileaks, y no tener una cuenta de PayPal ya supone, de por sí, una incomodidad en muchos casos. Incomodidad que, a pesar de todo, estoy dispuesto a aceptar. Pero imaginarnos en un mundo prácticamente retrotraído a transacciones en metálico para evitar el uso de tarjetas de crédito resulta, como tal, mucho más complejo. Y eso es, precisamente, lo que debemos plantearnos como sociedad: que una parte fundamental de los instrumentos de pago necesarios para el desarrollo de la actividad económica habitual están, por el hecho de depender de empresas radicadas en los Estados Unidos, sometidas a posibles situaciones de desequilibrio en virtud de criterios arbitrarios. El desarrollo de un marco legislativo que obligue a estas compañías a operar en otros países con arreglo a la legislación de los mismos y no a este tipo de criterios resulta, sin duda, cada día más necesario.

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