Multinacionales y esquizofrenia fiscal

El New York Times dedica un artículo a cómo diversos países europeos intentan cobrar más impuestos a empresas multinacionales norteamericanas que desarrollan actividades en ellos, y pone de manifiesto algunas de las actitudes claramente esquizofrénicas que manejan el escurridizo mundo de las políticas fiscales.

El artículo, titulado “European countries seek more taxes from U.S. multinational companies“, comenta las recientes discusiones parlamentarias en el Reino Unido sobre Google, Amazon y Starbucks intentando entender cómo estas multinacionales consiguen pagar poquísimos impuestos en el país a pesar de vender en él varios miles de millones de dólares. Google, por ejemplo, facturó más de cuatro mil millones de dólares en el Reino Unido, pero pagó menos de diez millones en impuestos. Francia, por su parte, envió directamente a Amazon una abultada factura de 252 millones de dólares por impuestos y penalizaciones correspondiente a cuatro años de actividades en las que la empresa ha estado repartiendo sus ingresos en el país entre diversas sedes extranjeras (factura que la empresa en principio ha rechazado), y parece ser que tiene también a Google y a otras en su punto de mira.

¿Qué lleva a estas empresas a pagar tan pocos impuestos en algunos de los países en los que operan? La respuesta es muy sencilla: la ingeniería fiscal. Una disciplina que se estudia en las escuelas de negocios, y que permite, ateniéndose estrictamente a la ley, diversificar los ingresos mediante facturación cruzada entre diversas localizaciones empresariales – incluyendo sedes prácticamente carentes de actividad real pero ubicadas en paraísos fiscales. Lo que hacen en realidad estas compañías es exprimir al máximo una legislación fiscal que existe, y que por tanto, lo permite. En la inmensa mayoría de los casos no hablamos de ninguna práctica ilegal, de nada oscuro que no figure en cuentas correctamente sujetas a las correspondientes auditorías, y sí de empresas que llevan a su límite la idea de maximizar el valor de sus accionistas. Accionistas que, además, no están en muchos de los países en los que desarrollan sus actividades.

¿Deben ser perseguidas esas empresas? Cuando hablamos de política fiscal, hablamos de un delicado equilibro entre la obtención de ingresos para un país y el incentivo de dicho país a la hora de atraer inversión extranjera. Que algunos países, como Irlanda, han estado utilizando su política fiscal para convertirse en sede de un elevado número de corporaciones y conseguir con ello un efecto de “fertilización” de su economía es algo que no escapa a nadie. Y la pregunta es: si esa legislación fiscal está ahí, y esos recovecos legales efectivamente son, como tales, plenamente legales, ¿cómo puede castigarse a alguien por cumplir estrictamente la ley? Hasta el momento, la defensa de las compañías multinacionales ha sido exactamente esa, mientras esgrimen sus cuentas cuidadosamente auditadas con todas las de la ley: “pagamos en cada país los impuestos que se nos requiere legalmente que paguemos”.

La ingeniería fiscal tiene muchísimos años de antigüedad. Son muchas las compañías multinacionales que, por ejemplo, imputan a su filial en un país los gastos comerciales intrínsecos a la actividad, pero hacen que sus clientes firmen contratos con una filial de otro país, un recurso legal pero que priva al primer país de cobrar unos impuestos por una actividad que claramente ha tenido lugar en el mismo. A medida que las economías europeas entran en recesión y necesitan desesperadamente más ingresos, crece la inquietud por detener lo que muchos ven como una auténtica sangría económica, un dinero que no llega a unas arcas públicas maltrechas a las que genuinamente correspondía. Pero además de impuestos no cobrados, el agujero genera una disparidad adicional: el privilegio que supone para las compañías multinacionales a la hora de enfrentarse a competidores locales que no tienen acceso a dichas prácticas.

¿Debe solucionarse este desajuste multando a unas compañías que no han hecho más que aprovecharse de leyes existentes que permitían este tipo de prácticas? Todo indica que la solución no apunta tanto a la multa – aunque se haga, se negocie y termine eventualmente por solucionarse – sino a la corrección de la situación de esquizofrenia fiscal que afecta a una Unión Europea que, en la práctica, “lo es pero no lo es”. Mientras la política fiscal no tenga sentido, no esté adecuadamente equilibrada y permita este tipo de recovecos, parece complicado perseguir y multar a quien sencillamente los aprovecha. El problema no está en la práctica, sino en el marco legal que la permite, un marco legal que no cambia porque parece que resulta difícil armarse de la voluntad necesaria para ello, y porque privaría a algunos países de un posible resorte más que emplear para incrementar su atractivo ante la inversión extranjera. Mientras persigamos la casuística pero no cambiemos la circunstancia de fondo que la origina, el problema seguirá ahí.

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