Entrevista (no publicada) sobre el espionaje masivo de los Estados Unidos

Juan Cabrera, de PC Actual, me envió algunas preguntas por correo electrónico para documentar un artículo en el que estaba trabajando sobre el caso Snowden y el espionaje masivo de la NSA norteamericana sobre el resto del mundo. El artículo iba a ser publicado en el número de agosto de PC Actual, pero no verá la luz debido a la decisión de la editorial RBA de cerrar la revista el pasado 11 de julio.

A continuación, el texto completo de las preguntas y respuestas que intercambié con Juan:

 

P. Hasta ahora teníamos certezas sobre el espionaje masivo en países como Cuba, China o Irán, pero no en Estados Unidos. ¿Crees que el caso Snowden supondrá un antes y un después en el mundo de Internet y en la relación de los usuarios con proveedores y gobiernos?

R. El caso Snowden supone una evidente ruptura del contrato social: legitimamos la actuación de los gobiernos para una serie de cosas, pero jamás hemos consensuado como sociedad hacerlo para otras. Nunca nos habíamos planteado que un gobierno pudiese leer nuestros correos, saber qué leemos, qué buscamos o en qué páginas entramos, salvo que dicha vigilancia hubiese sido autorizada por un juez. En este caso, la vulneración de la separación de poderes y del equilibrio entre poder y contrapoder es completamente evidente: hablamos de que un gobierno se ha arrogado el derecho de entrar en los archivos de una serie de empresas y vigilar a los ciudadanos que estime oportuno sin ningún tipo de garantía, con un simple procedimiento automatizado.

El error es culpabilizar a la tecnología: la tecnología no es buena o mala, lo son sus usos. Lo que tenemos encima de la mesa es la evidencia de un abuso, de la construcción de una desmesurada maquinaria de control por parte de un gobierno enloquecido. Si el caso Watergate fue calificado de escándalo, el caso Snowden es un escándalo elevado a la enésima potencia.

P. ¿Cuál es tu posición sobre el registro de correos y llamadas? Por lo que se ve, la opinión pública estadounidense es proclive a permitir estas prácticas a cambio de que la política antiterrorista sea efectiva (muchos han puesto el grito en el cielo porque nadie sabía nada del espionaje, no porque se hiciera), mientras que en Europa las cosas no se ven de igual manera.

R. El registro de correos y llamadas sin una orden judicial específica, o utilizando un procedimiento automatizado que excluye las garantías individuales es algo que ningún miedo puede justificar: si el ciudadano medio norteamericano afirma estar dispuesto a algo así con el fin de obtener una teórica mayor seguridad, esto solo indica la necesidad de reeducar al ciudadano medio en la esencia de los valores democráticos. Todo espionaje tiene que contar en todo momento con una garantía judicial, con un criterio que permita discernir si ese ciudadano, en virtud de una serie de criterios, debe ser sometido al tratamiento irregular que supone un espionaje. Los derechos fundamentales de un ciudadano no pueden bajo ningún concepto vulnerados sin ese requisito, sin ese control.

P. Para que los usuarios de PC Actual lo entiendan bien: ¿qué peligro corre hoy un usuario español de servicios como Gmail, Skype, Facebook…?

R. Un usuario español corre el peligro de que su información, un amplio conjunto de datos que incluye desde sus hábitos de navegación a sus comunicaciones, mensajes, contactos, etc. esté bajo el escrutinio de un funcionario del gobierno norteamericano, sin ningún tipo de control o garantía. No se trata de “no tengo nada que ocultar”, sino de aceptar que puedes ser juzgado ya no por lo que hagas, sino por lo que otros – con una marcada tendencia, además, a la paranoia – puedan pensar que pretendes hacer. Según un sistema así, ya no solo eres culpable por lo que hagas, sino por lo que el vigilante pueda pensar que haces o pretendes hacer. Es completamente demencial.

P. ¿Crees que este tipo de filtraciones sobre espionaje masivo hará plantearse las cosas a los usuarios de servicios gratuitos como Facebook, GMail o Twitter, o el factor gratuidad y la eficacia del servicio los disuadirá de cambiarse? ¿Crees que puede haber migración de usuarios a otras plataformas, quizá radicadas fuera de Estados Unidos?

R. No hablamos de un problema de servicios o compañías concretas: las compañías se han limitado a hacer lo que en virtud de un entorno legal y político determinado tenían supuestamente que hacer. Como usuarios, considerar responsables a las empresas tecnológicas es un error, porque solo son el eslabón débil de una cadena de responsabilidad que se inicia en el presidente Obama y que continúa por toda su administración. Diluir la responsabilidad hablando de una supuesta corresponsabilidad del prestador del servicio es absurdo, porque como usuario yo sí he dado mi consentimiento a que ese servicio recopile y utilice mis datos bajo unas circunstancias determinadas. A lo que no he dado mi consentimiento en modo alguno es a una vulneración de mis derechos fundamentales, y esa vulneración proviene del gobierno, se origina en una acción del gobierno. Como usuarios, la solución no está en renunciar a una serie de servicios, sino en exigir a esos servicios que cumplan los términos acordados.

P. ¿Cómo crees que responderán los proveedores de los servicios de Internet que ahora son espiados y que por una parte tienen que cumplir con el Gobierno y la ley (Patriot Act) y por otro tienen que satisfacer las demandas de confidencialidad de sus clientes?

R. Por el momento, lo que se está planteando es responder con transparencia, publicando las peticiones realizadas por el gobierno. Esto no resulta razonable, porque no evita el problema principal: la violación de los derechos fundamentales de los usuarios. Lo que deben hacer es rechazar completamente toda petición que no incluya una garantía judicial expresa, no genérica, y forzar la restitución del equilibrio en el entorno jurídico que se creo expresamente para legitimar estos abusos. La publicación posterior no soluciona ningún problema.

P. Al parecer, el programa Prism sigue la pista de internautas de fuera de Estados Unidos. ¿Qué debería, en tu opinión, hacer el Gobierno español y en última instancia la Unión Europea?

R. El gobierno español y la Unión Europea deberían aplicar toda la presión posible para que estas prácticas dejasen de tener lugar. Hablamos de un sistema que vulnera de manera directa e intencionada los derechos de millones de ciudadanos, y que otorga además al gobierno norteamericano un papel completamente injustificado e injustificable de “policía global” que actúa mediante la fuerza de los hechos, sin estar sujeto a control alguno.

P. Por lo que parece, las revelaciones de Snowden son la punta del iceberg en este tema del espionaje masivo. ¿Hasta dónde crees que llegan los Gobiernos –y en especial el estadounidense- en su política antiterrorista? ¿Hay intenciones ocultas en los Gobiernos y en los gobernantes más allá de las que les imponen la seguridad del país y de sus ciudadanos?

R. Por supuesto que hay intenciones ocultas. Un sistema de este tipo en ningún momento está pensado para incrementar la seguridad del ciudadano medio. Es perfectamente sabido que un sistema así solo provoca que aquellos con una intención real de hacer daño descarten determinados canales de comunicación y adopten otros no sometidos a vigilancia. Los terroristas no se comunican por Twitter ni por Facebook, ni organizan sus acciones en un documento compartido de Google. Lo único para lo que sirve un sistema así es para mantener una vigilancia obsesiva y paranoica sobre el ciudadano medio, no sobre aquel al que se asigna un nivel determinado de peligrosidad y que un juez independiente autoriza a poner bajo vigilancia. El sistema tiene otro tipo de intenciones. el control, la preservación del poder, la redefinición del contrato social, la explotación de los datos con fines económicos (beneficios a determinados sectores de la economía norteamericana), etc.

 

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