Pornografía: barriendo bajo la alfombra

A David Cameron le ha dado por pensar que es su deber proteger a los niños y a los ciudadanos biempensantes, y ha emprendido una santa cruzada que incluye un filtro que elimine la pornografía de las pantallas de los británicos a no ser que opten específicamente por no tenerlo, obligar a los motores de búsqueda a bloquear los resultados relacionados con pornografía infantil (o legislar en ese sentido si no se “autorregulan”), y declarar ilegal la posesión de la llamada “pornografía violenta”.

Una vez más, un gobernante incapaz de entender la naturaleza de la red que intenta esconder las cosas que no le gustan mediante el absurdo método de barrer debajo de la alfombra. En lugar de eliminar aquello que es ilegal y de combatir la raíz del problema con las armas legales que ya existen, vamos a dictar nuevas normas y estados de excepción… porque “internet es otra cosa”.

¿Por qué es una mala idea plantear este tipo de “soluciones“? En primer lugar, porque no funciona. Hasta el momento, los proveedores de servicios británicos ofrecían a sus clientes la posibilidad de que sus contenidos estuviesen sujetos a una serie de filtros si esos clientes decidían que así fuera. Ante la escasa popularidad de esa opción, la intención de Cameron es que ahora, esos filtros pasen a estar en estado default-on, activos por defecto, y que sea el cliente el que tenga que solicitar que sean levantados, dando lugar a una especie de “lista de pervertidos” que busca el efecto inverso. En segundo lugar, por un problema aún más grave: la imposibilidad desde un punto de vista práctico de mantener una lista negra de sitios actualizada. Internet tiene una naturaleza líquida, las cosas fluyen de un sitio a otro con total facilidad, y cuando existe una motivación económica para servir unos contenidos determinados, estos contenidos se desplazan, cambian de nombre o se transmutan de manera que toda supervisión se convierte en una tarea imposible. No solo imposible, sino aún peor: ante la profusión de contenidos, los vigilantes optan por “tirar por elevación”: si, por ejemplo, un blog en Tumblr (que ha adoptado por una aproximación mucho menos agresiva al mismo tema) o un vídeo en YouTube exhiben contenidos inadecuados, se bloquea todo Tumblr o todo YouTube, en modo “muerto el perro, se acabó la rabia”. En muchos casos, sin duda, los usuarios que soliciten el levantamiento de los filtros no será porque deseen acceder a contenidos considerados “peligrosos”, sino sencillamente porque se encuentran bloqueados contenidos perfectamente lícitos y normales a los que necesitan acceder. Las experiencias que ya hemos vivido en ese sentido lo dejan meridianamente claro: ni una sola vez ha habido un caso de lista negra de páginas que funcionase adecuadamente y no bloquease contenidos legítimos por error.

Como en todos los casos fallidos anteriores, existe un problema adicional: ¿quién vigila al vigilante? ¿Quién asegura que esos contenidos bloqueados lo son por algún tipo de “protección de la moralidad y las buenas costumbres”, o por algún otro tipo de motivación? ¿Quién impide que un gobierno, ante la posibilidad de manejar una herramienta así, no la utilice para silenciar críticas o influir en la opinión pública? ¿Nos fiamos de un gobierno para desarrollar este papel de “guardián de la moral”? Mi respuesta es clara: no, gracias. Ya soy suficientemente mayorcito para saber protegerme yo o para proteger a mi familia.

Más aún: ¿quién asegura que esas “listas de usuarios depravados” no son divulgadas, y se convierten en una especie de “lista de la vergüenza”? Ya no solo es el potencial problema de que la lista no funcione o bloquee lo que no deba bloquear, sino que exista la posibilidad de que un gobierno pueda utilizarla, en un momento dado, para levantar sospechas, avergonzar a opositores o arruinar potencialmente la vida de muchos. Que, como ya hemos comentado, podían estar sencillamente intentando acceder a un contenido perfectamente legítimo que había sido bloqueado por error – o por “otras razones”.

Por último, está el simple problema técnico: hasta el momento, todo intento de bloqueo ha originado un incremento en la popularidad de lo bloqueado. Cada vez que se ha intentado bloquear el acceso a The Pirate Bay, por ejemplo, hemos visto un aumento del uso de redes privadas virtuales, proxies y otros sistemas similares. ¿Queremos criar una generación sometida al “atractivo de lo prohibido”, y que en lugar de esconder las revistas debajo del colchón, se dedican a intercambiarse direcciones de servidores proxy? Buena suerte con ello.

Los contenidos ilegales deben ser perseguidos por ser contenidos ilegales. Debemos perseguir al que los genera, al que los hospeda si lo sabe y lo puede gestionar, al que los circula y al que los consume. Con toda la fuerza de la ley. Si alguien se relaciona con contenidos de pornografía infantil, violenta, etc. debe ser localizado y puesto a disposición judicial. Para eso, la ley que existe ya nos sirve. Pero no nos engañemos: los depravados que consumen ese tipo de contenidos no los buscan en Google. Los obtienen de fuentes muy diferentes, fuentes muy difíciles o imposibles de bloquear. Lo único que se obtiene con las medidas propuestas es “sacar los temas de la vista”, no eliminarlos. No se elimina el problema, solo se oculta. Y además, se marginaliza, se encierra en un gueto en el que determinadas conductas adquieren una peligrosidad todavía mayor. Adoptar la estrategia del avestruz no soluciona ningún problema – como bien saben hasta los avestruces. Dejemos de ocultar los problemas, de provocar potencialmente otros peores o de barrer bajo la alfombra, y enfoquemos el problema con la seriedad que requiere.

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