El asesinato de una política española por causas que todo indican que no tenían nada que ver con la política desencadena una oleada de reacciones de todo tipo en medios de comunicación, en discursos en mítines, y como no, en las redes sociales. En todas partes surgen comentarios de diversa índole: aunque lógicamente predomina el pesar por el luctuoso suceso, surgen también algunas reacciones de otros tipos, difícilmente comprensibles, que oscilan entre el absurdo menosprecio de la vida de la víctima, la pretendida justificación del acto, o incluso las amenazas a otros políticos aprovechando el suceso. No voy a enlazar a ninguna de ellas, porque la mayoría generan auténtica pena por la triste evolución de la raza humana.
Las reacciones de ese tipo tienen varias características: la primera, y más clara de todas ellas, es que son minoritarias. Muy minoritarias. Si alguien pretende atribuir semejantes comentarios a una mayoría de la población o de los usuarios de la red, es que sencillamente no sabe matemáticas o tiene muy mala intención – o una combinación de ambas cosas.
La segunda característica es que tienen lugar independientemente del medio que se utilice. Dale a un tonto un micrófono, y dirá tonterías, sea en la radio, en la tribuna de un mitin, en Facebook o en Twitter. Da igual. Un tonto es un tonto, y por definición, dice tonterías. Que en algunos sitios las pueda decir de manera supuestamente anónima no cambia nada: ni ese anonimato es real, ni serviría para ocultarse en caso de comisión de un delito, ni mucho menos quiere decir que todos los que usan el anonimato sean imbéciles. Hay muchísimos más comentarios razonables que comentarios estúpidos hechos por anónimos, y si no lo crees, hazte un favor y dimite de la raza humana, que seguramente no te echará de menos. El anonimato es un derecho, y su ejercicio no tiene nada que ver con las injurias. Ambas son variables disjuntas.
La tercera característica es que la ley tiene muy claro desde hace muchos años cómo tratar ese tipo de temas. Existe amplia y abundante jurisprudencia a todos los niveles sobre cómo interpretar ese tipo de comentarios hechos en público: cuándo suponen un delito de injurias, cuándo de apología de un delito, cuándo una difamación o cuándo un libelo. Está clarísimo, y cuando no lo está, los jueces están hartos de interpretarlo y dirimirlo. Se produzcan las declaraciones donde se produzcan, sea gritando en la calle, en una televisión, en una radio, en un periódico… o en una red social. Da lo mismo: un delito es un delito, no hay más matices.
La idea de “regular las redes sociales” entronca con una vieja pretensión de la política española reciente: la de “poner bajo control” un medio cuya dinámica se les escapa. Los precedentes que evidencian un papel importante de las redes sociales en la llamada primavera árabe provocan un miedo general en toda la clase política de todos los países que creen ver aparecer tentativas insurgentes en todo movimiento de protesta que surja apoyado desde la red. En el caso de España, la reciente operación lanzada por el gobierno actual para modificar radicalmente la línea editorial de tres de los grandes periódicos españoles – tan clara que debería hacer que todo aquel periodista que se precie de serlo estuviese mesándose los cabellos y dando gritos en las redes sociales o en la misma calle – deja perfectamente clara cuál es la actitud del gabinete Rajoy en lo tocante al control de los medios y a la libertad de expresión e información.
Por eso, que aparezca un ministro del Interior y haga unas declaraciones afirmando que están estudiando cómo “regular” las redes sociales es algo que debería darnos miedo. Mucho miedo. Porque los delitos son delitos se hagan donde se hagan, y ya están perfectamente regulados. Si alguien, al pasar por la calle, nos espeta una barbaridad como algunas de las que se han podido ver o leer recientemente, pensaremos muchas cosas: que es impresentable, maleducado, que tiene un gusto pésimo, una inexistente sensibilidad, o directamente que es despreciable. Intentaremos evitar a esa persona, no compartir nada con ella, considerarla inadaptada para la vida en sociedad… pero salvo que efectivamente haya injuriado, difamado o hecho apología del delito, ahí se quedará la cosa. Si es delito, es delito, y no necesitamos leyes nuevas para definirlo. Si no lo es, si se trata de mala educación, mal gusto o estupidez congénita, tener al ministro de turno respirándonos en la nuca y amenazando con actuar de oficio mientras gruñe que “nos va a regular” no es un clima deseable para un país supuestamente libre.
Es fundamental que dejemos de considerar la red como un lugar o un fenómeno distinto al resto. Que nos olvidemos de llamar “internautas” a los que usan internet, como no llamamos “callenautas” a los que andan por la calle, ni “periodiqueros” a los que leen un periódico. Son, simplemente, personas, ciudadanos normales. En un país en el que el 80% de los ciudadanos utilizan la red regularmente, pretender que los que la usan son diferentes al resto o merecen una regulación especial es sencillamente absurdo, anacrónico. Posiblemente, los que merecerían una regulación especial son, cada día más, los que no la usan, una minoría cavernaria que se opone radicalmente al progreso y que cada día da más miedo en algunos temas. El friki ya no es el que usa la red, sino el que no la usa.
Las reglas ya están hechas, y se aplican igual a lo que ocurre en la red y fuera de ella. No, no hay nada que regular. Salvo el sentido común del que pretende regularlo y controlarlo todo.
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