Si la lógica no sirve, apelemos a razones morales

En una demostración de esperpento político, el Ministro de Cultura del Reino Unido, Andy Burnham, anunció ayer que su gobierno empujará la extensión del copyright en veinte años más, desde los actuales cincuenta hasta los setenta, ignorando una amplísima variedad de informes y estudios que afirman que dicha extensión no aporta ningún tipo de beneficio para la sociedad ni para los artistas, y que únicamente supone un subsidio para las compañías discográficas y las sociedades de gestión de derechos. Pero lo mejor del tema viene cuando el ministro justifica su actuación, porque apela ni más ni menos que a “razones morales” para ello: como se trata de una “cuestión moral”, ninguna de las evidencias en sentido contrario resulta valida, hay que hacerlo porque sí. Muy interesantes los comentarios al respecto en Slashdot, en ArsTechnica o en The Open Rights Group. Y mientras Burnham se quema tanto como su apellido indica para obtener sus turbios fines en el Reino Unido, otro político de similar catadura e igual tendencia a ignorar las evidencias, Charly McCreevy, se dedica a hacer lobby ante la UE para obtener una extensión del copyright a 95 años. En Estados Unidos, la extensión a 95 años se obtuvo ya en 1998 mediante la igualmente vergonzosa Sonny Bono Act, también conocida como “Mickey Mouse Protection Act”.

¿Cuál es el poder real del lobby de la propiedad intelectual sobre los políticos? ¿A qué se debe semejante nivel de servilismo hacia sus tesis y sus intereses? ¿Qué lleva, como en el caso de España, a un ministro de Cultura a ignorar la evidencia y tirar varios millones de euros en una campaña de mentiras para beneficiar a sus amigos? ¿Defender la cultura? ¡No me hagas reír! ¿Cómo es posible que en gobiernos supuestamente democráticos se legisle de una manera tan descarada en contra de los intereses de la comunidad y a favor de los de unos pocos privilegiados? ¿Qué entramado de favores políticos y - sin lugar a dudas - económicos se esconden detrás de tan “sorprendentes” decisiones y posicionamientos? ¿Veremos algún día una auditoría seria o una intervención de las cuentas de las sociedades de gestión de derechos de autor para clarificar esta serie de evidentes desatinos políticos que tan claramente flirtean con la defensa de intereses espúreos y con la corrupción? ¿Cuánto tiempo vamos los ciudadanos a autojustificarnos con argumentos del tipo “esos temas no son realmente tan importantes” para evitar pedir cuentas de manera seria a nuestros políticos al respecto?

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