Intervención de cuentas de la SGAE y puesta a disposición judicial de Teddy Bautista

Es difícil expresar hasta qué punto tenía ganas de escribir ese titular. El tiempo que hace desde que tantas y tantas evidencias apuntan a irregularidades en la gestión de una sociedad, la SGAE, que ha logrado, gracias a la gestión de Teddy Bautista, convertirse en la más odiada por todos los españoles. La noticia, a estas horas en todos los periódicos, radios y televisiones, escaló inmediatamente al primer puesto de los trending topics de Twiiter a nivel mundial, buena prueba de las ansias de justicia que tenemos todos.

Por el momento, a la espera de todas las confirmaciones pertinentes, es bueno ir siguiendo la actualidad informativa y, sobre todo, explicar qué es lo que está teniendo lugar aquí. Para seguir la actualidad, lo más representativo que he ido viendo, en constante actualización, es lo siguiente:

• “Teddy Bautista, detenido por presuntos delitos de malversación de fondos y estafa“, Antena 3
• “Teddy Bautista, a disposición judicial por apropiación indebida“, La Vanguardia
• “La Guardia Civil registra la SGAE: Teddy Bautista pasa a disposición judicial“, El Economista
• “La Guardia Civil interviene la sede de la SGAE“, Informativos Telecinco
• “El presidente de la SGAE, a disposición judicial por apropiación indebida y desvío de fondos“, RTVE
• “La Guardia Civil registra la sede la SGAE y pondrá a disposición judicial a Teddy Bautista“, El País
• “La Guardia Civil registra la sede de la SGAE“, Público
• “La Guardia Civil registra la sede de la SGAE por supuesto desvío de fondos“, ABC

Mientras la SGAE intentaba absurdamente parar el aluvión informativo que se le venía encima con torpes desmentidos e información parcial, los ciudadanos se frotaban los ojos al ir confirmando la noticia: en efecto, la Guardia Civil estaba en la sede de la SGAE, se estaban interviniendo las cuentas, y se ponía tanto a Teddy Bautista como a dos colaboradores suyos a disposición judicial, pasando el caso al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, del que es titular el juez Pablo Ruz.

¿Qué es lo que está pasando? La intervención responde a la denuncia que presentaron en noviembre de 2007 la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE), por los delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones que serían achacables a los responsables de las empresas que habrían llevado a cabo la “malversación” de sus recursos económicos y, de forma subsidiaria, al Ministerio de Cultura, como “principal fiscalizador de este tipo de asociaciones”. Básicamente, la actuación generalizada y constante de una sociedad que todo indica que se ha caracterizado por incrementar de manera desmesurada los fondos no repartidos a los autores y transferirlos a un entramado de sociedades afines y al extranjero. Una sociedad que lejos de representar los intereses de los autores, se dedicaba de manera evidente y en abierta connivencia con el ministerio de Cultura, a hacer caja e invertirlo en patrimonio inmobiliario, en sueldos y en retiros dorados para sus ejecutivos.

Acompañemos esto con muchos más ingredientes: una influencia desmesurada y un poder omnímodo sobre el poder político en ambos lados del espectro, capacidad prácticamente para poner, quitar y manejar ministros de Cultura, y prebendas que incluyen generosísimos regalos de palacetes, edificios y teatros que estaban bajo titularidad municipal. Y por supuesto, la evidencia de una gestión que el Gobierno le permite desarrollar en forma de monopolio, ya denunciado por la Comisión Nacional de la Competencia, y que convierte a las sociedades de gestión en el mayor obstáculo para el progreso de los autores y su aprovechamiento de las posibilidades que la red les ofrece. Estas sociedades, con su entramado de barreras geográficas y su capacidad para fijar precios, impiden la llegada de empresas y emprendedores que podrían estar ofreciendo las obras de los autores a los usuarios a través de la red, generando un interesante mercado y evitando el desarrollo de alternativas y mercados paralelos.

Por último, añadamos una actitud permanentemente chulesca y desafiante, denuncias a ciudadanos por insultos mientras su propio presidente insultaba impunemente en las páginas de periódicos de tirada nacional, y, en resumen, convertirse en lo que todos sabemos que se ha convertido: la sociedad más odiada de todo el país. La recepción de la noticia, incluso cuando estaba aún sin confirmar, no deja lugar a ninguna duda.

El momento de la operación ha sido escogido con clara intención: las elecciones para escoger la candidatura para dirigir la sociedad se celebraron ayer, en medio de acusaciones de reiteradas maniobras de obstrucción a las candidaturas alternativas, y privaban completamente de representación a quien presuntamente ha obtenido un 43% de los votos. Precisamente la candidatura alternativa había hecho causa de las irregularidades cometidas por la directiva, y algunos de sus representantes salieron del Palacio de Longoria tan solo minutos antes de que entrase la Guardia Civil y sellase el edificio.

Una intervención judicial no se hace porque sí, particularmente si está anticipado que va a ser tan mediática como ésta. La intervención y las reacciones a la misma dejan claro de qué estamos hablando, aunque obviamente haya que esperar a las pruebas y a las acciones judiciales oportunas. Pero el poder político, que ha amparado la gestión y las actuaciones de la SGAE hasta límites increíbles y que ha permitido que influyese en la agenda política con cuestiones como la ley Sinde, debería protagonizar un amplísimo examen de conciencia, cuando no ser igualmente investigado: partidos y representantes que han dado a la SGAE acceso ilimitado a sus estructuras para defender posiciones desfasadas y caducas con respecto a la propiedad intelectual, alcaldes que han otorgado a la SGAE generosísimas prebendas con dinero público, regalos de palacetes o condiciones ventajosísimas para adquirir teatros y otros edificios, y por supuesto, una ministra de Cultura que logró convertirse en la detonante de la llamada #Spanishrevolution y que está, como comentaba hoy en mi columna de Expansión, esperando subrepticiamente al medio del verano para poner en funcionamiento su ley Sinde, la ley que esa misma SGAE que hoy está siendo intervenida, inspiró y animó.

Sigamos tirando del hilo. El ovillo llegará.

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