Jurisdicciones y privacidad: efectos colaterales de WikiLeaks

La investigación que el Departamento de Justicia (DoJ) de los Estados Unidos está llevando a cabo sobre las actividades de Julian Assange, en el curso de la cual han solicitado datos a diversos servicios web como Twitter, está dejando una serie de interesantísimos efectos colaterales que ponen de manifiesto la inadecuación de las estructuras territoriales, y particularmente de una tan crucial como la administración de justicia, a la globalidad intrínseca de la red. Un interesante artículo escrito por Laia Reventós y David Alandete en El País, bien documentado y de lectura muy recomendable, analiza el tema sumamente bien.

En primer lugar, es evidente que una empresa radicada en un país determinado está obligada a cumplir la legislación del mismo. Si el DoJ solicita judicialmente a una empresa norteamericana una serie de datos, la empresa está obligada a facilitarlos si no quiere incurrir en un delito. En este sentido, la actuación de Twitter ha sido modélica y admirable, hasta el punto de que algunos analistas piden que su reacción se convierta en el estándar de la industria para manejar este tipo de situaciones: ante la petición de datos, que venía además sellada con una orden de secreto de sumario (gag order) que impedía su comunicación a los implicados, Twitter optó por combatir judicialmente esa orden de secreto de sumario y reclamar su derecho a informar a sus usuarios, con el fin de que pudiesen tener un mínimo margen a la defensa jurídica que evitase una total indefensión. Indefensión que, en cualquier caso, como bien menciona Artemi Rallo en El País, tiene lugar. El sistema, simplemente, no funciona.

En noviembre de 2009, en una fantástica sesión con Nicole Wong y Peter Fleischer, expertos de Google en asesoría jurídica y en privacidad respectivamente, el problema surgió claramente: ante preguntas del público, tuvieron que admitir que en caso de petición judicial del gobierno norteamericano que afectase a la privacidad de un ciudadano extranjero, Google facilitaría los datos de dicho ciudadano, aún sabiendo que hacerlo podría contravenir la legislación de privacidad de su país de origen. Este es, precisamente, el caso que tiene lugar ahora mismo: Birgitta Jónsdóttir, la parlamentaria islandesa cuyos datos solicitó el DoJ a Twitter, no solo está amparada por una legislación europea mucho más garantista que la estadounidense sobre la privacidad, sino que además está sujeta a la inmunidad parlamentaria. Además de tener una postura notablemente militante en el tema que no es exclusivamente suya, sino que resulta ser la doctrina predominante en su país, que hace gala de intentar erigirse en un santuario para la libertad de prensa e información. Si bien la inmunidad parlamentaria podría ser discutible en este contexto debido al uso de recursos personales y no gubernamentales, como bien comenta David Maeztu en el mismo artículo de El País, resulta evidente que el hecho de ser Twitter una empresa radicada en los Estados Unidos está provocando una asimetría entre los derechos de los clientes estadounidenses de la empresa y los extranjeros, una situación de indefensión que el ordenamiento jurídico debe necesariamente corregir.

Que la tecnología provoca disrupción es algo que, a estas alturas, no resulta necesario explicar. Que esa disrupción tenga efecto sobre nuestras garantías jurídicas cuando abrimos una cuenta en un servicio radicado en otro país, es algo que es necesario corregir. Cuando una empresa ofrece servicios a ciudadanos de otros países, se somete a los ordenamientos jurídicos de esos países en los que ofrece esos servicios, lo que da lugar a una paradoja de difícil solución. Hoy, en el Parlamento europeo, un grupo de parlamentarios del grupo liberal defenderán precisamente eso: que el DoJ de los Estados Unidos ha violado la legislación europea al solicitar esos datos. En juego, mucho más que los derechos de una parlamentaria islandesa y un empresario holandés: en juego están cuestiones tan fundamentales como el concepto de fuero y jurisdicción, o las garantías que un ciudadano de un país tiene cuando abre una cuenta en un servicio radicado en otro, algo que todos hacemos con total normalidad todos los días. Decididamente, los efectos colaterales del caso Wikileaks prometen ser sumamente interesantes.

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