La posición del Partido Popular y de su “genial” negociador, Jose María Lassalle, en el pacto que en pocas semanas pretende devolver la ley Sinde al articulado de la ley de Economía Sostenible es tan, tan profundamente insostenible, que imagino que es preciso recurrir a algún tipo de enajenación mental transitoria para llegar a explicarla.
El Partido Popular anunció dos cosas de cara a dicha negociación: que exigiría más garantías judiciales, y que introduciría la retirada del canon. Pues bien, genial resultado: la tutela judicial sigue sin existir (poner dos jueces o poner veinte jueces es indiferente, porque el proceso sigue estando diseñado específicamente para tener un agujero en medio en el que el juez no interviene y donde es una comisión administrativa dependiente del gobierno la que decide si hay hechos constitutivos de delito), y el tema del canon… Veamos: ¿qué ha pasado con el canon?
Pues ha pasado que el Partido Popular “logró” que el Gobierno se comprometiese a revisarlo en un plazo de tres meses. Específicamente, la enmienda pactada por PP, PSOE y CiU dice
“El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, mediante Real Decreto y con plena conformidad al marco normativo y jurisprudencial de la Unión Europea, procederá a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada".
¿Algún problema? Uno evidente: que habla de “modificar”, pero no dice en qué sentido. Y desde el Ministerio de Cultura, comentarios de la Directora de Propiedad Intelectual al abogado Josep Jover indican algunos planes, coherentes con la voluntad de mantener el canon que indicaba el panfleto que el PSOE envió a sus afiliados: lo que se pretende es ni más ni menos que incrementar el número de dispositivos gravados con canon, aplicándolo también a las conexiones a Internet, y diseñar además un procedimiento especialmente incómodo y farragoso para evitar que las empresas y los organismos públicos reclamen la devolución de lo indebidamente cobrado.
La supuesta postura anticanon tantas veces comentada por el Partido Popular acaba convirtiéndose, por obra y gracia de la genial negociación mantenida por Jose Maria Lassalle, en… más canon. Detrás, se mantiene la misma peregrina teoría: las empresas de telecomunicaciones deben pagar porque sus conexiones se utilizan para descargar. Cuando en realidad, las empresas de telecomunicaciones harán lo que lógicamente ocurre en una economía de mercado: repercutir el coste extra en los usuarios, de manera que sean éstos quienes paguen ese pseudo-impuesto. Lo que pretenden es, simplemente, compensar los ingresos que pierden de la aplicación del canon a empresas y organismos públicos por la sentencia de la UE mediante una elevación del canon aplicado a particulares.
El canon es, por derecho propio, una de las cuestiones que más irritan a los ciudadanos: no solo es un pseudoimpuesto arbitrario y no relacionado con el consumo de medios (y que, por tanto, no grava en función de ningún criterio razonable), sino que además, es recaudado por una entidad impopular, carente de todo crédito social, y de gestión poco transparente, que la reparte en función de criterios oscuros entre únicamente una pequeña parte de sus asociados. Que PP, PSOE y CiU se pongan de acuerdo y pacten para prostituir los votos de un porcentaje importantísimo de la ciudadanía española e imponerles una subida del canon es como para lanzarse a tomar La Bastilla.
No hay datos definitivos, podría ser simplemente un globo sonda o una filtración interesada, pero el texto de la aberrante enmienda pactada permite que esto sea posible. Y si de verdad esto es así, ya sabeis: deberemos agradecérselo y mostrar nuestro cariño a quien con su incomprensible pacto lo ha posibilitado: Jose María Lassalle y el Partido Popular.
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