No es la primera vez que escribo sobre la radical importancia de la Ley de Transparencia: recientemente lo hice el pasado marzo, “La enorme importancia de la transparencia“, y en abril, “Transparencia y consecuencia“, a raíz de la presentación del borrador de la ley correspondiente, desgraciadamente lleno de agujeros y con un nivel de compromiso muy inferior al que, como ciudadanos, necesitamos.
Es fundamental resaltar la importancia de esta ley como base de muchas otras causas que nos preocupan como ciudadanos. El derecho a la información es un derecho constitucional, y si no se cumple este derecho, es imposible ejercer plenamente otros derechos constitucionales. Una gran cantidad de los problemas que tenemos vienen derivados de la opacidad. Vivimos en un país en el que predominan las formas sobre el fondo: supuestamente hay una ley que permite saberlo todo sobre la financiación de los partidos políticos, pero en la práctica no solo no sabemos nada, sino que intuimos un entramado cercano al de la mafia en el que se entremezclan favores políticos, agendas de lobbies poderosos y cajas de ahorros haciendo barbaridades que terminamos pagando todos. Y la financiación de los partidos es tan solo un ejemplo.
La redacción actual del anteproyecto de ley de transparencia ha defraudado a toda la ciudadanía al no reconocer el carácter fundamental del derecho de acceso a la información (lo que implicaría su tramitación como Ley Orgánica y la participación de la Comisión Constitucional), al seguir excluyendo del texto toda la información no administrativa, y al no establecer una autoridad independiente encargada de tutelar y promover tanto la transparencia, como el derecho de acceso a la información pública. La importancia de estos factores es fundamental: con la actual redacción de la ley, la impresión es que se interpone una capa más al derecho a la información de los ciudadanos: primero la ley de secretos oficiales, después la ley orgánica de protección de datos, y ahora la ley de transparencia, que lejos de facilitar la publicación de unos datos que pertenecen a la ciudadanía y que deberían estar publicados por defecto, lo que de facto hace es dificultar la liberación de la información.
Los datos públicos son públicos por definición. Las administraciones públicas, como su nombre indica, solo los administran, y las únicas limitaciones posibles a su circulación son la Ley de Secretos Oficiales (con sus correspondientes y muy necesarios controles para evitar el abuso en la clasificación de “perjuicio para la causa pública, la seguridad del mismo Estado o los intereses de la colectividad nacional”) y la Ley de Protección de Datos en lo tocante a información de carácter personal. Todo lo que no sea secreto oficial o dato personal debe estar a disposición de la ciudadanía, sin traba ni limitación de ningún tipo. Pero ante esto, las administraciones públicas siguen pensando que pueden ejercer simplemente el silencio administrativo. No es así: el silencio administrativo no tiene cabida ni presencia posible en una ley de transparencia.
El anteproyecto en su redacción actual no solo es claramente insuficiente, sino que fue contestado por más de tres mil setecientas aportaciones de los ciudadanos. Aportaciones que, en un peligroso contrasentido si es interpretado como antecedente de lo que se nos viene encima, no han sido publicadas por el gobierno alegando que son comunicaciones de particulares, a pesar de haberse solicitado expresamente por varios colectivos. La Coalición Pro-Acceso envió una carta al gobierno pidiendo más transparencia en la tramitación de la ley de transparencia, y esa carta ha sido contestada de manera claramente insuficiente, sin responder a cinco de las seis preguntas formuladas, y dejando claro que el gobierno no considera que el derecho de acceso a la información sea un derecho fundamental, y que no van a crear un organismo independiente de revisión, como recomiendan los expertos en la materia a nivel nacional e internacional.
Helen Darbishire, directora de Access Info Europe, lo ha dejado clarísimo: “con esta ley sería imposible ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Públicos. Es difícil de entender por qué España propone una ley que ni siquiera cumple con los estándares mínimos internacionales”.
Estamos viviendo la resistencia al cambio de toda una generación de políticos, de toda una manera de hacer política. La política del oscurantismo, la que cuece las leyes a fuego lento con lobbies interesados en ellas, la que ampara la tan tristemente extendida corrupción política. Decididamente, en términos de transparencia necesitamos mucho más de lo que este gobierno pretende ofrecernos.
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Si después de hacer tu comentario este no aparece, no se trata del espíritu de Dans que anda censurando también aquí, es que se ha quedado en la cola de aceptación. Sacaré tu mensaje de ahí tan pronto como pueda, si bien el supersistema este tampoco me avisa de estas cosas, por lo que tengo que estar entrando cada cierto tiempo a ver si hay alguno esperando. Un inventazo, vaya.