Contenidos polémicos, dilemas y decisiones complejas? ¿en manos de quién?

Los incidentes violentos relacionados con la disponibilidad en YouTube de la película “Innocence of Muslims“ son algo así como el enésimo episodio del serial “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

Efectivamente, en las  ”Instrucciones de la comunidad YouTube” que Google publica en el sitio no existe específicamente un apartado dedicado a la retirada de vídeos por “incitación de revueltas”, pero ¿qué hacer cuando éstas conllevan estallidos de violencia en más de diez países y muerte de inocentes? ¿Volvemos a hablar del viejo dilema de la libertad de expresión frente a la libertad de gritar “¡Fuego!” en un teatro lleno de gente? ¿O de la libertad de alguien para expresar su disconformidad de una manera que alguien pueda interpretar que incita a la violencia?

En las citadas instrucciones de YouTube aparecen frases que pueden tener cierta relación con el tema, tales como

We encourage free speech and defend everyone’s right to express unpopular points of view. But we don’t permit hate speech (speech which attacks or demeans a group based on race or ethnic origin, religion, disability, gender, age, veteran status, and sexual orientation/gender identity).

(Fomentamos la libertad de expresión y defendemos el derecho de todo el mundo a expresar puntos de vista controvertidos. Pero no se aceptan discursos discriminatorios que ataquen o humillen a un grupo debido a su raza u origen étnico, religión, discapacidad, sexo, edad, categoría de veterano u orientación/identidad sexual.)

con el término “hate speech” definido en la versión en inglés como

“Hate speech” refers to content that promotes hatred against members of a protected group. For instance, racist or sexist content may be considered hate speech. Sometimes there is a fine line between what is and what is not considered hate speech. For instance, it is generally okay to criticize a nation, but not okay to make insulting generalizations about people of a particular nationality.

Pero de nuevo, entramos en terrenos resbaladizos. El razonamiento maximalista puede ayudar: si retiramos de YouTube todo lo que molesta a alguien, incluso a aquel que tiene – o quiere tener – la piel más sensible, solo tendremos vídeos de gatitos, y en ocasiones, ni eso. Si lo permitimos todo, entramos en conflicto con la ley, la moral, las buenas costumbres y todo tipo de principios generalmente aceptados. Si pedimos ayuda a la comunidad y bloqueamos aquello que molesta a muchos, aparecerán comportamientos gregarios que terminan en manifestaciones que queman libros. Decididamente, el asunto no es para nada sencillo.

Y sobre todo, en un área en la que la responsabilidades se reparten de una manera muy compleja. ¿A quién corresponde la decisión de retirar contenidos? En principio, la ola de violencia se desató en misiones diplomáticas estadounidenses, aunque rápidamente parezca estar escalando hacia convertirse en un conflicto contra todo lo occidental. Pero ¿qué ocurre cuando el gobierno norteamericano pide a Google que reconsidere sus directrices a la comunidad y se plantee retirar globalmente el vídeo en cuestión (el vídeo ya no está disponible desde los países en los que ha originado conflictos, siguiendo peticiones de retirada llevadas a cabo por algunos gobiernos)? En ese momento, aplica lo que comentábamos al hilo de la lectura del libro de Rebecca MacKinnon, “No sin nuestro consentimiento“, para cuya versión española tuve el honor de escribir un epílogo: que las “leyes” que tienen efecto son, en realidad, las que marca una empresa, no las que pretende marcar un gobierno determinado. Problemas como la trasnacionalidad y la ausencia de un “gobierno mundial” nos llevan a  una situación en la que el criterio no lo marca lo que las personas eligen y votan, sino lo que una empresa decide ponerse como norma. Entramos en que las empresas se arroguen cometidos de “policía moral”.

El momento en que el gobierno de los Estados Unidos pide a Google que sopese la posibilidad de retirar el vídeo plantea una situación enormemente compleja: con esa petición, el gobierno se distancia diplomáticamente del tema, expresa su desacuerdo con el vídeo (o dice de manera implícita que si dependiese de ellos, lo retirarían), y deja a Google como responsable de la decisión, lo que podría incluso llegar a derivar en violencia contra la propia compañía. Google, o cualquier otra compañía en una situación similar, convertida en actor principal en escenarios diplomáticos, nada menos que marcando con sus términos de servicio los criterios que determinan la acción.

No, no existe una solución al problema. Y es importante reconocerlo así. Las respuestas rápidas y maximalistas ya sabemos a dónde nos llevan. Si tienes o crees tener una, seguramente sea un buen consejo que te la replantees en todas sus posibles consecuencias. Por el momento, poco más que plantear la reflexión e intentar madurarla. Este problema no es la primera vez que ocurre, aunque posiblemente sea una de las más graves en cuanto a consecuencias, y tampoco es la última vez que va a ocurrir.

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