La figura del Juez: el gobierno español miente

Es importante clarificar las cosas, y estoy viendo muchas lecturas a medias o interesadas en este tema: el gobierno pretende hacer ver que ha respondido a las peticiones de los internautas porque éstos pedían la presencia de un juez, y ellos ya han puesto uno. En la estrategia de comunicación del gobierno está el hacer ver que “los internautas nunca están contentos”, que “en realidad todo lo que quieren es bajar música y películas gratis”, y que “no están bien informados”, y es muy peligroso que esa información llegue así a la opinión pública.

Lo que el gobierno ha hecho es, simplemente, meter apresuradamente a un juez en la marmita para evitar tener que tocar el guiso. En las condiciones en las que han metido al juez, su papel resulta simplemente absurdo: antes de todo esto, un afectado por la violación de sus derechos de autor podía ir a un juez, pedir medidas cautelares, y si el juez lo estimaba oportuno, estas se aplicaban generalmente en menos de dos semanas. Si después se demostraba que las cautelares habían sido inapropiadas, la acusación debía indemnizar al denunciado por los posibles daños y perjuicios. Si los planes del gobierno son aprobados, se creará una comisión administrativa: el denunciante irá a esta comisión, esta comisión reclamará al juez las medidas cautelares, el juez dirá que la comisión es un órgano administrativo autorizado para solicitarlas, y las concederá. Tras el paso por los juzgados, la posible indemnización correspondería a la comisión que solicitó el cierre, y por tanto, la pagaríamos todos. Gran avance: para este viaje, no nos hacía falta ni comisión, ni alforjas. En realidad, la comisión sigue siendo quien cierra, el cierre sigue siendo un cierre administrativo, y la figura del juez no valida nada: es una simple “faena de aliño”, “como ya hay juez, cállense”. Pues mira… no cuela.

Para empeorar el tema, la “matización” del gobierno no se produce retocando la ley, sino simplemente a nivel de reglamento. Para los que no conozcan la diferencia entre ley y reglamento, es fundamental entender que una ley requiere, para modificarse, un trámite que recibe abundante visibilidad, mientras que un reglamento puede ser modificado sin necesidad de que ésta exista. Incluso aunque este gobierno fuese de toda nuestra confianza, las leyes se dictan con carácter indefinido y permanente, lo que hace que esta ley vaya a estar vigente y disponible para que otros gobiernos en los que no sabemos si confiaremos hagan con ella lo que quieran: mientras para esos gobiernos cambiar la ley supone un trámite importante y visible a la opinión pública. En el caso de una Ley Orgánica, que sería lo que correspondería a algo que afecta, como en este caso, a un derecho fundamental, se requiere una mayoría cualificada en las dos cámaras para aprobarse, lo que es más complejo, requiere mayor consenso y aporta más visibilidad. El cambio de un reglamento, sin embargo, puede hacerse con relativa discreción, lo que abre la posibilidad a todo tipo de abusos, particularmente en un tema como éste en el que los intereses generados han demostrado ya en numerosas ocasiones estar dispuestos a todo tipo de atropellos democráticos.

Lo único que corresponde aquí es que se dejen de mentiras: RETIRADA DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE. Primero, porque no pinta nada ahí. Porque llegó a esa ley mediante un proceso turbio protagonizado por un lobby que representa a un determinado sector industrial que solo busca su beneficio. Y porque un asunto como ese merece una discusión adecuada en el Parlamento y con la ciudadanía, no un mero “pasar” como “disposición adicional”.

Envíalo a @desdelamoncloa:

O retirada, o nada. Lo demás son mentiras y componendas para hacer sostenible solo la economía de algunos. Basta de mentiras.

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