En Genbeta, hablando sobre la ley antidescargas

Guillermo Julián, de Genbeta, me envió un correo ayer con algunas preguntas acerca de la aprobación del reglamento de la ley antidescargas, que hoy publica bajo el título “Hablamos con Jesús Encinar, Ricardo Galli, Julio Alonso, David Maeztu, Juan Goméz-Jurado y Enrique Dans sobre la Ley Sinde“. El artículo completo es muy recomendable.

A continuación, mi intercambio de preguntas y respuestas con Guillermo:

P. ¿Hasta qué punto afecta la Ley Sinde a aquellos que quieran crear una nueva empresa en Internet?

R. La ley Sinde afecta a todo aquello que se mueva en internet. Introduce una enorme incertidumbre: cualquier cosa que resulte molesta a los monopolios del entretenimiento puede ser denunciada a una comisión administrativa que solo pregunta a los jueces para guardar las apariencias, inicia un proceso en el que el denunciado está en total indefensión jurídica, no penaliza al denunciante en caso de denuncia falsa, y solo permite el recurso a través de la lenta justicia ordinaria. Lo obviamente recomendable es alojarlo todo fuera de España.

P. ¿Puede llegar la Ley Sinde a ser efectiva en su propósito?

R. Pensar que de alguna manera podría serlo es desconocer completamente la naturaleza de internet. Al bloqueo de páginas web seguirá la radicación de éstas en otros países, y en caso de bloqueo, el uso de plugins y mecanismos que permitan saltárselos de manera sencilla. Además, la ley aviva el enfrentamiento con los usuarios, lo que generará sin duda situaciones de boicot y recurso de las descargas como forma de castigo, y lleva a los usuarios a utilizar mecanismos de cifrado de su tráfico, lo que redundará en una mayor dificultad para perseguir verdaderos delitos. Pensar que gracias a la ley Sinde van a disminuir las descargas y los usuarios van a irse corriendo a consumir productos de la industria demuestra una estupidez radical.

P. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el mayor problema legal que le ves a la Ley Sinde?

R. El mayor problema legal es dotar a un gobierno de una herramienta que le permite cerrar cualquier página web. La presencia de los jueces es meramente testimonial: simplemente, para evitar que estos se pronuncien como mayoritariamente lo habían hecho hasta ahora, se les excluye del proceso y les deja en una función decorativa. Como los jueces me estorban porque “no saben aplicar la ley”, me los quito del medio. Lo lamentable es que no sean los propios jueces los que protesten contra semejante aberración.

P. Una de las cosas que se comenta sobre la ley es que podría ir contra la libertad de expresión. ¿Cómo podría hacerse esto con una ley antidescargas?

R. Nada en el texto de la ley indica que se dirija expresamente contra las páginas de descargas. La ley, tal y como está escrita y reglamentada, permite denunciar cualquier página, simplemente con que se considere que existe “un daño causado o que podría causarse a los titulares y que no tengan obligación legal de soportar”. Esto permite cualquier cosa. Además, se ataca y se criminaliza expresamente a los enlaces: no se castiga únicamente a quien aloje una obra, sino también a quien la enlace, creando un precedente peligrosísimo y completamente inaceptable. Es una ley digna de China, de Irán o de Cuba.

P. ¿Cómo influye a un creador que se publique su contenido en una página de enlaces o descargas?

La difusión de una obra afecta positivamente a la comercialización de la misma. Para que este efecto positivo se produzca, tiene que cumplirse algunas premisas: la primera, que exista un mercado real donde obtener la obra en variedad de condiciones: mediante pago por descarga, con tarifa plana, por streaming, etc. además de la posibilidad de obtenerla irregularmente, que siempre va a estar ahí. La segunda, que no exista un enfrentamiento entre la industria y los usuarios que lleve a éstos a recurrir a las descargas irregulares como método de castigo a aquellos que le insultan o le persiguen. En España hemos hecho mal las dos cosas: por un lado, el mercado de alternativas regulares es ridículo, y por otro, los usuarios no quieren financiar a una industria que les insulta y les desprecia. La ley Sinde agrava el problema más aún.

R. ¿Podrías dar una idea o propuesta, alternativa a la Ley Sinde, para evitar las llamadas descargas ilegales?

Por supuesto: fomentar el desarrollo de alternativas en un mercado lo más variado posible, lo que implica eliminar los monopolios que hacen que los derechos tengan precios elevados e inflexibles, y reconciliar a la industria con sus usuarios. Soluciones como las adoptadas por Holanda o por Suiza, consistentes en no hacer nada porque las descargas, en realidad, se ha demostrado que no perjudican a la industria, resultan lógicas si además los usuarios no se sienten perseguidos y no desean represaliar a la industria que lo hace. Soluciones como las propuestas por los artistas canadienses, que hablan de una regularización total de todos los sitios de descargas y de una tarifa recolectada por las operadoras que es repartida entre los artistas mediante un sistema de muestreo, precisan de un estudio mayor, pero también pueden ser consideradas.

 

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