Los estranguladores de la cultura vuelven con las mentiras de siempre

Tras el episodio del fallido intento de aprobación in extremis de la ley Sinde, el gremio de estranguladores de la cultura incrementa su presión, recurriendo con incansable reiteración a los mismos argumentos falsos de siempre. La demencial portada de La Razón, el medio propiedad de un editor que ha pedido abiertamente que se persiga a sus clientes, no es más que una evidencia más de hasta qué punto se pueden perder los papeles.

Tras considerar amortizado al gobierno saliente (ojo, en cualquier caso, al último consejo de ministros), los ataques se centran ahora en el gobierno entrante, que se está viendo literalmente asaltado desde dentro y fuera de España por presiones de todo tipo destinadas a obtener una legislación que permita a los que se dedican a explotar a los autores mantener sus negocios.

Son los de siempre: editores, discográficas, lobbies de todo pelaje… los que antes de internet manejaban los canales de distribución, retenían el 90% del precio del producto, se atribuían de manera completamente injusta el valor generado por los verdaderos creadores, influenciaban a los políticos para poner las leyes a su antojo… los mismos que consiguieron que les entregasen el dinero de los ciudadanos en forma de un canon a todas luces ilegal, y los que se dedicaron además a llevárselo crudo en escándalos de corrupción que ya conocemos, sin contar los que nos quedan por conocer. Los que negaron el informe de la Comisión Nacional de la Competencia que alertaba contra lo malo que era que ejerciesen un monopolio, y llegaron a pedir la recusación de su presidente. Los que insultan a los ciudadanos, los que difaman a nuestro país, los que difunden estudios manipulados y falsos para perjudicar la imagen de España, los que amenazan con una lista 301 que no es más que lo que se inventa su patronal. Esos, los de la SGAE y los que sabían perfectamente lo que allí se cocinaba, son los que ahora pretenden influenciar al gobierno. ¡Menudas compañías!

Las cosas, mira tú por donde, están cambiando. A lo que realmente debería hacer caso el gobierno entrante no es a los que, tras años de campar a sus anchas, nos dejaron el panorama de la SGAE. Debería, en realidad, echar un ojo al recientísimo informe del World Economic Forum: en él, se deja perfectamente claro que España NO TIENE un problema de propiedad intelectual, por muchos estudios manipulados que presenten. La posición de nuestro país en el ranking de protección a la propiedad intelectual es la cuarenta y dos, un 4.3 sobre 7, un aprobado más que holgado, en el tercio superior de la clasificación de los ciento trenta y nueve países objeto del estudio. Ya está bien de tremendismo, de cinismo, de pintar a los españoles como delincuentes con pata de palo y loro en el hombro, y afrontemos la realidad: los últimos años, España se ha visto notablemente perjudicada en su imagen internacional debido a la constante difusión de falsedades destinadas a incrementar la presión sobre el gobierno, con el fin de obtener del mismo una legislación más favorable a la industria de explotación del copyright. Es España no se descarga significativamente más que en otros países. No hay un problema de propiedad intelectual, lo que hay es una caterva de sinvergüenzas sin escrúpulos dispuestos a que lo parezca. Una industria que lleva, no lo olvidemos, más de cien años MINTIENDO.

Pero vamos más allá: no solo es que en España no se descargue más, es que, además, LAS DESCARGAS NO SON UN PROBLEMA. No lo digo yo, lo dice un país tan poco sospechoso de manipulación y tan respetuoso de la propiedad ajena como Suiza. En el país helvético, tras llevar a cabo un riguroso estudio acerca del impacto de las descargas, se ha tomado la determinación de mantener la legislación vigente que considera perfectamente legales las descargas para uso personal, porque su impacto no perjudica a la industria.

Todo ello en un contexto en el que, además, disponemos de evidencias cada vez más patentes de que intentar “proteger” a la industria contra la “supuesta amenaza” que dicen ver en las descargas redunda indefectiblemente en una amenaza a los derechos fundamentales de los ciudadanos en su conjunto. Es decir, que además de exigir una protección que no merecen (recordemos que la protección NO ES para los artistas y creadores, sino para las industrias que los EXPLOTAN), pretenden que esa protección se les proporcione a expensas de los derechos fundamentales de todos. Algo con lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha mostrado su desacuerdo, con una sentencia definitiva que prohíbe que las operadoras filtren Internet para evitar descargas ilegales. Los derechos fundamentales de los ciudadanos están por encima de una propiedad intelectual que, sencillamente, ha perdido su sentido porque, como certeramente afirma Neelie Kroes, Comisaria europea para la Agenda Digital, ya no se usa para proteger o reconocer a los artistas, sino como una herramienta de censura, persecución y extorsión en manos de la industria.

Lo que el nuevo gobierno tiene que hacer, dadas estas circunstancias, es deshacer los errores cometidos por el gobierno anterior, derogar una ley que va abiertamente en contra de la reciente normativa europea, e iniciar una reevaluación del concepto de propiedad intelectual a la luz del nuevo entorno. Volviendo al informe del World Economic Forum, si el nuevo gobierno quiere prioridades, que se preocupe por las siguientes evidencias:

• La confianza en los políticos en España solo da como para un triste 2.6 sobre 7, lo que sitúa a nuestro país en el número 75 del ranking, rodeado por países como Libia, Sri Lanka, Moldavia o Georgia. Con manejos tan vergonzosos y turbios como los que dieron lugar a la entrada de la ley Sinde en el paquete de la ley de Economía Sostenible, no resulta en absoluto de extrañar.
• España se percibe como un país en el que impera un patente favoritismo en las decisiones del gobierno hacia las empresas e individuos bien conectados. No es de extrañar, considerando que el gobierno y los partidos políticos parecen tener hilo directo y dar total validez a lo que les dicen lobbies completamente parciales como la Coalición de Creadores o la Federación Antipiratería, o recibir y relacionarse con toda normalidad con tinglados ahora imputados en actividades de corrupción como la SGAE.
• España únicamente llega a ocupar el lugar setenta del mundo en el ranking de transparencia gubernamental, en la manera en que se toman las decisiones y se elaboran las políticas que afectan a la actividad empresarial. De nuevo: en este país se ha demostrado que un lobby puede llegar a un ministerio, manipular el articulado de una ley en curso, e irse después a celebrarlo con champán. No es de recibo.

Y si de verdad quieres una economía que genere valor, nuevos negocios, ideas creativas y que te ayude a salir de la crisis, ya puestos podrías preocuparte por cuestiones como estas:

• España es el país número ciento diez del mundo en trabas administrativas y gubernamentales a la gestión empresarial. Una jungla de permisos, licencias, escritos, reportes y regulaciones que convierten a este país en un infierno a la hora de gestionar una empresa.
• Somos el país número noventa y nueve del mundo en número de trámites necesarios para crear una empresa, y consecuentemente, el número ciento diecisiete del mundo en el que lleva más tiempo hacerlo. El entorno perfecto para que, además, nos dediquemos a introducir incertidumbre sobre si tu negocio lo pueden cerrar a golpe de comisión administrativa.
• Porque si te ocurre, además, tendrás el problema de que España solo ocupa el número setenta y cuatro del mundo, a la altura de Senegal, Camboya o Mozambique, en eficiencia del sistema legal a la hora de solucionar disputas administrativas: si a la comisión de turno le da por cerrarte la página, olvídate de que puedas volver a abrirla hasta que los batracios desarrollen pilosidades. A eso se le llama indefensión.
• Y finalmente, preocuparte seriamente por el hecho de que, en el ranking de educación en ciencia y matemáticas, España ocupe la desastrosa posición ciento catorce, por debajo de Burundi, Camboya, Filipinas o Libia. Si quieres desarrollar empresas de base tecnológica, empresas capaces de dinamizar la economía, de atraer talento e inversiones y de generar valor, este dato es infinitas veces más preocupante que las mentiras que te cuentan acerca de ese pretendido problema terrible que supuestamente tenemos con la propiedad intelectual. Porque en educación, además, hemos demostrado que en este país se pueden hacer las cosas muy bien.

El gobierno que entra tiene ante sí muchos y muy importantes desafíos. Pero entre ellos, uno no menos importante: no dejarse influenciar por agoreros, mentirosos e interesados (o en algunos casos, por presuntos delincuentes) que amenazan con todos los males del apocalipsis por cosas que ya hemos comprobado que son FALSAS, y resistir a las presiones de un país como Estados Unidos, que ya ha demostrado abiertamente que prefiere hacer caso a su mentirosa industria de contenidos por encima de las libertades de sus ciudadanos, y que va completamente en contra de la dirección que estamos tomando en Europa en ese sentido.

Por favor, que impere el rigor y el sentido común.

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